La mercantil Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum S.L. ha presentado una querella criminal ante el Tribunal de Instancia de Palma contra la actual directora del Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), Coloma Margarita Capó Saletas, y contra del jefe de Servicio de Salud Laboral del organismo, Daniel Company Oliver, a quienes atribuye un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La empresa sostiene que el instituto exige de forma sistemática, y sin amparo legal, que la formación preventiva de los trabajadores de la construcción pase por la plataforma de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) para poder inscribirse en un registro obligatorio del sector.
La querella, presentada el pasado 4 de junio, supone un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento entre esta empresa de prevención y el organismo balear, que este diario viene siguiendo desde 2024.
Exigen un «canal obligatorio»
El núcleo de la denuncia es el Registro de Empresas Acreditadas (REA), que toda empresa debe tener para contratar o subcontratar en obras de construcción. Según el escrito, el IBASSAL condiciona esa inscripción a que la formación de los trabajadores lleve un código de la FLC y esté registrada en su plataforma, un requisito que —sostiene Mare Nostrum— ni la Ley 32/2006 ni el Real Decreto 1109/2007 contemplan.
Para la empresa, que opera como Servicio de Prevención Ajeno acreditado con validez en toda España, esa práctica convierte de facto a la Fundación Laboral de la Construcción en un canal obligatorio y de pago, desplazando del mercado a entidades acreditadas que pueden impartir esa misma formación.
La querellante apoya su tesis en una sentencia del Tribunal Supremo de 2010 que anuló la obligatoriedad exclusiva de la Tarjeta Profesional de la Construcción como único medio de acreditar la formación preventiva, así como en informes de las autoridades laborales de Aragón y Castilla y León que, según sostiene, respaldan que su acreditación basta sin pasar por la FLC.
La querella parte de un requerimiento del IBASSAL del 1 de junio de 2026, en el que, en el expediente de inscripción de un autónomo en el REA, se le exigió registrar en la plataforma de la FLC una formación que ya había sido impartida y certificada por Mare Nostrum.
La empresa sostiene que esa exigencia priva de valor a servicios ya prestados y empuja a sus clientes hacia el circuito de la Fundación. El escrito cita además un precedente de 2021 y una resolución sancionadora de 2022 para argumentar que no es un hecho aislado, sino un criterio «mantenido en el tiempo».
Según la querella, la práctica del IBASSAL «genera un trato privilegiado hacia la Fundación Laboral de la Construcción, al convertirla de facto en canal necesario o preferente para la acreditación formativa en el sector», lo que —sostiene— «perjudica directamente a entidades de prevención legalmente acreditadas» como la propia Mare Nostrum.
Desde el entorno de Mare Nostrum sostienen que esta práctica deriva, de facto, en un monopolio en favor de la Fundación Laboral de la Construcción, ya que para inscribir a un trabajador en un registro obligatorio se obliga a pasar sí o sí por una entidad privada que cobra por ello, mientras hay servicios acreditados que pueden dar esa misma formación. Desde la empresa ibicenca no tienen dudas de que se trata de un caso de corrupción que se sostiene desde hace años. Y apuntan al estrecho vínculo de Company Oliver con la FLC, donde, por ejemplo, ha impartido personalmente formaciones.
El escrito presentado solicita al juzgado que admita la querella, tome declaración a los dos querellados como investigados y reclame al IBASSAL la documentación de los expedientes tramitados desde 2019. Por el momento no consta que el Tribunal de Instancia de Palma se haya pronunciado sobre su admisión, paso necesario para que se abra cualquier investigación.
Un viejo conflicto
No es la primera vez que Mare Nostrum lleva al IBASSAL ante los tribunales. La empresa mantiene desde hace años varias acciones judiciales contra el organismo, derivadas inicialmente del bloqueo de su propia acreditación como servicio de prevención. En ese marco llegó a aportar a la justicia correos que implicarían a antiguos responsables de la Conselleria de Trabajo —entre ellos el ex conseller socialista Iago Negueruela, hoy portavoz del PSIB en el Parlament— en un presunto plan para favorecer a la FLC y a una empresa competidora. Negueruela negó entonces de forma rotunda esas acusaciones y defendió que toda la actuación fue legal. Aquella causa fue archivada en dos ocasiones y luego reabierta por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma para que la Guardia Civil verificara la autenticidad de los correos. Hasta ahora, no hay un pronunciamiento sobre el fondo ni responsabilidad alguna declarada.
Company Oliver, uno de los dos querellados ahora, ya figuraba en aquella causa anterior. Capó Saletas, en cambio, asumió la dirección del IBASSAL a mediados de abril de 2026, apenas unas semanas antes del requerimiento que ha originado esta querella, lo que sitúa su llegada al cargo con posterioridad al criterio administrativo que la empresa denuncia como reiterado desde 2019. Es la cuarta persona al frente del instituto en tres años, un organismo marcado por una fuerte inestabilidad en su dirección.
El IBASSAL ha defendido con anterioridad que su exigencia no es arbitraria, sino que aplica lo previsto en el Convenio General del Sector de la Construcción, que establece que la formación en seguridad y salud del sector debe estar homologada por la Fundación Laboral de la Construcción. Según ha sostenido el organismo, ese criterio es compartido por la comisión paritaria del convenio y por el Ministerio de Trabajo.
El IBASSAL es un organismo autónomo adscrito a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social. La Voz de Ibiza se puso en contacto con el organismo y con la Fundación Laboral de la Construcción para recabar su versión sobre los hechos que motivan la querella. Al cierre de esta edición, ninguna de las dos entidades había facilitado una respuesta.
