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CRISIS EN FORMENTERA

El conseller Javier Serra incumple la Ley de Incompatibilidades y el Consell analiza si son nulos todos sus actos

El conseller de Compromís tiene el 22,40% de Marina de Formentera cuando la normativa permite participaciones en empresas hasta el 10%. Ahora el secretario del Consell de Formentera está realizando un informe para aclarar la situación, después de que el viernes pasado el presidente Llorenç Córdoba denunciara públicamente la incompatibilidad
Javier Serra, en un acto de campaña. Archivo.
Javier Serra, en un acto de campaña. Archivo.

El secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarra, está elaborando un informe para aclarar la situación de incompatibilidad que se refleja al comparar la exigencia de la Ley de Incompatibilidades y la declaración de actividades privadas del presidente de Compromís, partido coaligado con el PP en Sa Unió, y conseller Javier Serra. A la espera de que se sustancie la moción de censura, la crisis de Formentera no se detiene y este es un nuevo capítulo.

El pasado viernes, Llorenç Córdoba denunció que el presidente de Compromís tiene una participación del 22,40% en la empresa Marina de Formentera y ha estado en una situación de incompatibilidad durante los últimos 12 meses, el Consell ha puesto en acción la revisión y posible nulidad de los actos, votaciones y contratos en los que Serra ha tenido participación.

Javier Serra ha declarado tanto pública como legalmente su participación en Marina de Formentera, SA. Sin embargo, la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, establece un límite del 10% para la participación en empresas que contraten con la administración pública.

Justamente Marina de Formentera, S.A. tiene -desde 2010 – la autorización para la explotación de locales y despachos en el Edificio B del puerto de la Savina. La concesión abarca un local de 207,55 m² en planta baja y 492,82 m² en planta alta, destinados a oficinas para empresas vinculadas al tráfico marítimo, con una duración de la concesión de 14 años y con un presupuesto base de 24.262 euros y tasas anuales totalizando 43.000 euros.

Desde la crisis de los chiringuitos

En el contexto del megaconcurso de los quioscos de playa, La Voz de Ibiza, ya dio cuenta que dos empresas del conglomerado del que forma parte Marina de Formentera, participada por el entonces vicepresidente del Consell de Formentera y presidente de Compromís, estaban entre las seis beneficiadas por los numerosos cambios en las reglas del juego.

Es decir que allí ya se informó de que Javier Serra es socio de Ángel Bustos en dicha sociedad, con la titularidad de un 22,40% de la misma y un valor de mercado de 437.448 euros.

Viernes de denuncia

Llorenç Córdoba, por lo tanto, era conocedor de este hecho, ya que, además, propició que Serra se ausentara en todos los actos de la tramitación del concurso para evitar conflicto de intereses. Con la profundización de la crisis, el último viernes y sin pelos en la lengua, tras la Junta de Portavoces Córdoba arremetió: «Hay un conseller con una incompatibilidad total desde hace 12 meses, tiene un 22,5 de una empresa que contrata con el Estado y la oposición no ha dicho ni pío porque no les interesa. Es Javier Serra. Es propietario de Marina de Formentera. Esto lo ha dicho él mismo. Resulta que ahora mismo los grupos de la oposición se van a apoyar en una persona que está incumpliendo la Ley de Incompatibilidades del sector público», en relación a la moción de censura que está preparando GxF con el PSOE y Compromís y sin el PP.

Todo fue en la antesala de la moción de censura que se prepara contra Llorenç Córdoba, presidente del Consell Insular. Sin embargo, allí aclaró que no dimitirá de su cargo hasta que no pongan sobre la mesa una razón objetiva para hacerlo, descartando cuestiones políticas como uno de los tópicos posibles para su alejamiento del máximo cargo.

Incompatibilidad y sanciones

Respecto a la denuncia hecha por Córdoba contra Serra, tal como expresa la Ley 53/1984 de Incompatibilidades que regula los conflictos de interés y las actividades que los cargos públicos pueden realizar para evitar el uso indebido de su posición para beneficios personales, los funcionarios y altos cargos no pueden tener una participación superior al 10% en empresas que mantengan contratos con la administración pública. Estas restricciones están diseñadas para prevenir conflictos de interés y asegurar la imparcialidad y transparencia en la gestión pública.

En el caso de Javier Serra, su participación en Marina de Formentera no solo excede el límite permitido, sino que también genera dudas sobre la influencia que podría haber tenido en las decisiones y contratos adjudicados a esta empresa u otras que sean de un interés indirecto. Córdoba ha señalado que la oposición no ha abordado este tema, permitiendo que la situación persista sin las acciones correctivas necesarias.

Evaluación de actos y contratos

Según ha podido reconstruir La Voz de Ibiza, el secretario del Consell ha comenzado a elaborar un informe detallado para evaluar las posibles consecuencias legales y administrativas.

Inicialmente, este informe debería abordar la declaración de los hechos, detallando la participación de Javier Serra en Marina de Formentera y su relación contractual con el Consell, proporcionando una cronología clara de los eventos. También un análisis detallado de la Ley de Incompatibilidades y su aplicación en este caso, confirmando de qué manera la participación del 22,40% constituye una incompatibilidad según la normativa vigente y qué otras podrían aplicarse.

El informe llevaría a evaluar el impacto en las decisiones y contratos, revisando exhaustivamente todas las decisiones, votos y contratos en los que Javier Serra haya participado, y evaluando si su participación influyó en la adjudicación de contratos que sean de interés para Marina de Formentera.

Finalmente, la situación también plantea preguntas sobre la responsabilidad del propio secretario del Consell y otros funcionarios al no tomarse medidas al conocer la incompatibilidad.

Dato histórico

En 2012, Gent per Formentera acusó a Javier Serra de aprovechar su cargo como conseller de la oposición para defender los intereses de su empresa, Marina de Formentera, que era parte de Pitiusa de Ecología, una entidad privada que competía por un contrato del Govern balear para regular los fondeos en la Reserva Marina de Formentera.

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