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Las administraciones insulares rechazan o ignoran la petición de trabajadores que viven en vehículos, mientras remiten a campings y descartan habilitar nuevos espacios.

La norma insular fija cupos de acceso, prevé multas de hasta 30.000 euros y establece excepciones para residentes y determinados trabajadores temporales.

Alicia Reina, presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), sostiene que Ibiza ha dejado atrás la fase más básica de la lucha contra el intrusismo turístico. Sin embargo, avisa de que aún falta consolidar el control, reforzar la inspección y evitar que la oferta ilegal se desplace a nuevos canales.