Noticias del mes de septiembre de 2026
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El Ayuntamiento confirma que el municipio vuelve a regirse por las Normas Subsidiarias de 1986 y renuncia a nuevas soluciones transitorias. Vicent Roig anuncia una auditoría de 350 sectores y una unidad técnica específica a tres años para llegar «auditado» al futuro Plan General.
Preguntado durante el pleno sobre quién debe responder políticamente por el colapso de las NPP, Vicent Roig evita nombrar a un responsable y elude directamente la pregunta de si alguien dimitirá.
Víctor Soriano, letrado de una veintena de propietarios y promotores que recurrieron ante el TSJB la suspensión de las Normas Subsidiarias de 1986, sostiene que el Consell y el Ayuntamiento dejaron vencer el plazo de las Normas Provisionales para evitar que la Justicia les diera la razón a sus clientes.
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El municipio pierde el marco urbanístico que habilitaba un ámbito específico para vivienda protegida y ordenaba distintos vacíos urbanos y accesos estratégicos, además de que prohibía el alquiler turístico en plurifamiliares. Con esto, regresa a las Normas Subsidiarias de 1986, mientras se redacta un PGOU que puede tardar más de una década.
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El Ayuntamiento sanciona a una propietaria por construir sin licencia una vivienda plurifamiliar de 990 metros cuadrados, un almacén agrícola y una instalación fotovoltaica en suelo rústico. La cifra roza los 1,78 millones que Santa Eulària tardó años en cobrar por su mayor expediente sancionador histórico.
El Observatorio de la Edificación registró 129 viviendas de protección oficial y precio limitado visadas en las Pitiusas durante el primer semestre de 2026, frente a los cero de ejercicios anteriores. El presidente de la Delegación de Ibiza y Formentera advierte de que el crecimiento del presupuesto total responde en buena parte a legalizaciones extraordinarias y no a nueva construcción.
El Observatorio de la Edificación del COAIB presentó este miércoles sus datos acumulados a junio de 2026: las Pitiusas registraron 1.080 obras visadas, de las que 453 —cerca del 42%— corresponden a procesos de legalización extraordinaria, la proporción más alta de las islas. El presupuesto visado en Ibiza y Formentera ya supera los 536 millones de euros.
Un informe técnico independiente certificó en diciembre pasado que el bloque A del edificio, desalojado desde 2020, es «técnica y constructivamente rehabilitable» sin necesidad de técnicas extraordinarias. El coste se estima en 3.710.123 euros, unos 70.000 euros por apartamento, pero la portavoz vecinal Silvia Hernández reconoce que quién y cómo se pagará esa factura sigue siendo uno de los «flecos» por resolver.
La portavoz de los vecinos de los apartamentos Don Pepe, Silvia Hernández, valora el acuerdo aprobado por el pleno de Sant Josep, que equipara jurídicamente el bloque A con el B, y detalla los pasos que restan hasta que las 106 personas desalojadas puedan volver a sus casas.
El pleno ha respaldado el informe jurídico que reconoce al bloque A, desalojado en 2020, la misma presunción de legalidad que tiene el bloque B. Según el alcalde Vicent Roig, ese reconocimiento es el paso necesario para autorizar las obras de rehabilitación estructural sin necesidad de una licencia. La oposición socialista cuestiona que se trate de una «figura jurídica inventada» sin respaldo de los técnicos municipales.