El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha evitado asumir de forma explícita -ni tampoco apuntar a otro- la responsabilidad política por la caducidad de las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP), el instrumento urbanístico que —tal como avanzó La Voz de Ibiza— dejó de tener vigencia al no aprobarse de forma definitiva dentro de plazo, devolviendo a Sant Josep a las Normas Subsidiarias (NNSS) de 1986.
Durante el pleno de esta mañana, Josep Antoni Prats, de ARA Eivissa, ha preguntado sobre si la responsabilidad política recaía en él —como alcalde y concejal de Urbanismo— o en el conseller de Territorio del Consell de Ibiza.
Roig no señaló a nadie: «La cuestión está en que la resolución se hará el día que se convoque la CIOTUPHA (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico) y, por supuesto, que cada uno asumirá lo que tenga que asumir».
Prats insistió: «¿Alguien dimitiría?». El alcalde esquivó la respuesta: «Ya le he respondido a la pregunta».
Sin respuesta del Ayuntamiento
La Voz de Ibiza ha solicitado valoración al Ayuntamiento de Sant Josep sobre la caducidad de las NPP, las acusaciones del PSOE y la hipótesis planteada por el despacho Soriano i Piqueras. Hasta el cierre de esta noticia no se obtuvo respuesta.
Por su parte, desde el Consell Insular de Ibiza solo se han limitado a responder que, «al tratarse de un tema complejo, se va a esperar a tener y estudiar toda la documentación. Ya os informaremos».
Un Departamento de Urbanismo sin jefe de servicio
Entre los ruegos y preguntas, Roig confirmó que el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento no tiene actualmente a nadie ocupando el cargo de jefe de servicio.
Preguntado por Prats si había alguien en ese puesto, el alcalde respondió escuetamente: «No». Roig había mencionado antes, en respuesta a otra pregunta sobre bajas en la dirección del departamento, que existe «una baja por cuestiones médicas».
Un fracaso urbanístico
La caducidad de las NPP —que hacía retroceder el suelo urbano y urbanizable un 47,8% respecto a las NNSS y fijaba un techo poblacional muy inferior al de 1986, además de prohibir el alquiler turístico en plurifamiliares y reservar suelo para vivienda protegida— se produjo formalmente el pasado 13 de septiembre, fecha en que venció el plazo para su aprobación definitiva, tal como avanzó La Voz de Ibiza.
El abogado Víctor Soriano, del despacho Soriano i Piqueras, que representa a una veintena de propietarios y promotores que recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJB) la suspensión de las NNSS, sostiene que la administración dejó caducar deliberadamente las NPP para evitar una resolución judicial desfavorable.
Según su relato, el TSJB reclamó el expediente del recurso —paso previo indispensable para que sus clientes pudieran formalizar la demanda— y la administración nunca llegó a remitirlo.
«Creemos que justamente el motivo por el cual se ha decidido no remitir el expediente y dejar caducar las normas es para no tener que tener una resolución desfavorable de los tribunales», afirmó Soriano a este medio.
Por otro, el PSOE de Sant Josep atribuye la caducidad a la gestión municipal, sin mencionar en ningún momento los recursos judiciales.
El portavoz adjunto socialista y candidato a la Alcaldía en las elecciones de mayo, Vicent Roselló, acusa a Roig de haber roto en 2024 el consenso alcanzado en 2022 en torno a las NPP, imponiendo «una propuesta unilateral, opaca y sin ningún tipo de consenso», y de haber tramitado en paralelo las NPP y el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) —con regímenes de participación distintos, alegaciones para uno y sugerencias para el otro— generando, según denuncia, «un desconcierto absoluto» entre los vecinos.
«Vicent Roig no ha hecho absolutamente nada en casi cuatro años de mandato. Pero el problema ya no es solo su inactividad y falta de gestión: lo peor es que nos ha hecho retroceder directamente 40 años atrás», declaró Roselló, augurando que el episodio «marcará su final político como alcalde de Sant Josep».
