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Juan Carlos Rodríguez Tur niega que la propietaria cobre a los ocupantes y sostiene que el Ayuntamiento pidió entrar en la finca para abrir un expediente por las obras realizadas allí. Asegura que solicitaron judicialmente el desalojo hace tres meses y aún esperan respuesta.

El alcalde de Sant Josep asegura que la propiedad se ampara desde agosto en la inviolabilidad del domicilio para impedir la inspección municipal de la finca, donde, según los residentes, se cobra una mensualidad por vivir. El Ayuntamiento ha trasladado esos pagos a las instancias competentes «por si fueran causa de delito». Ayer murió una persona en un incendio en una infravivienda.

Un vídeo de la Policía Local de Sant Josep muestra cómo un dron localiza el punto de encuentro de una fiesta ilegal, hasta que un conductor da positivo en drogas y el operativo termina con el desmantelamiento total del encuentro.