El abogado de Paquita Marsan, Juan Carlos Rodríguez Tur, ha respondido este martes a las acusaciones del alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, sobre la situación de Casa Lola, en Ibiza. En una entrevista con La Voz de Ibiza, el letrado niega que la propietaria cobre a las personas instaladas en la finca y rechaza que se presente su negativa a autorizar una inspección municipal como una falta de voluntad para resolver la ocupación. «Yo como abogado lo que quiero es soluciones jurídicas, no políticas», afirma.
El enfrentamiento llega después del incendio del domingo en una infravivienda del asentamiento. Un hombre de 48 años murió horas más tarde en el Hospital Can Misses por las quemaduras sufridas. Al día siguiente, Roig reprochó a la propiedad que no hubiera permitido la entrada de los inspectores municipales y aseguró que residentes de Casa Lola habían declarado pagar una mensualidad para vivir allí. Según explicó el alcalde, esos testimonios fueron trasladados a las instancias competentes para su investigación.
«Es completamente y rotundamente falso»
Rodríguez Tur rechaza cualquier vínculo de la propietaria con esos supuestos cobros. «Nos sorprendió que el alcalde dijera que la propiedad estaba cobrando a los ocupas. Esto es completamente y rotundamente falso», sostiene. El abogado cuestiona que Roig hiciera una acusación de esa gravedad sin aportar, a su juicio, pruebas que la respalden.
La discrepancia también alcanza al motivo de la inspección. Roig explicó que el Ayuntamiento solicitó en agosto permiso para entrar y comprobar tanto la situación urbanística como la de las personas que viven en el recinto. La propiedad denegó la autorización y el alcalde anunció que acudiría al juzgado para obtener una orden de entrada.
El abogado ofrece otra lectura de aquella solicitud: asegura que el acceso se pidió para iniciar un expediente de disciplina urbanística por obras que, según su versión, realizaron los ocupantes. «No nos solicitaba entrar con la policía para desalojar a los ocupas. Nos solicitaba entrar para poder ponernos una multa urbanística», afirma. Ese fue, sostiene, el motivo de la negativa de la propiedad.
Una petición de desalojo pendiente
Rodríguez Tur asegura que hace unos tres meses presentaron una denuncia por usurpación y solicitaron como medida cautelar el desalojo inmediato de la finca. Fundamentaron la petición, explica, en los riesgos para quienes viven allí, los vecinos, la propiedad y el medioambiente. Según el letrado, el juzgado todavía no ha resuelto la solicitud.
El abogado afirma que el lunes se pusieron en contacto con el Decanato y que les indicaron que darían trámite al procedimiento cuanto antes. Confía en obtener una resolución favorable y en contar entonces con la colaboración policial para ejecutarla.
Preguntado por si existe una animadversión personal hacia Marsan, evita atribuir intenciones al alcalde: «Eso quizá lo tiene que responder el alcalde». Sí pide que nadie intente «rentabilizar electoralmente» la situación de Casa Lola. «Aquí tenemos un drama, no solo por la ocupación, sino por el fallecimiento de una persona de 48 años», concluye.
