El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, confirmó en el Parlament que la denuncia presentada ante el IBAVI será tramitada e investigada, pero evitó respaldar explícitamente a Triguero y dejó abiertos varios de los flancos más comprometidos del caso.
Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.
Una semana después, la Conselleria de Vivienda no ha contestado las consultas jurídicas concretas de La Voz de Ibiza sobre la validez de los pactos sucesorios de Triguero a efectos de la Ley 3/2024. El silencio no es neutral: cualquier respuesta compromete al Govern, a la ley que impulsó y al propio alcalde.
La interpelación, registrada por vía de urgencia, permite presentar una moción que obligaría a toda la cámara a pronunciarse; dos preguntas orales en el Pleno completan la ofensiva socialista sobre las VPL.
Rafael Triguero ha incumplido al menos tres puntos de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern balear por habitar la Vivienda de Precio Limitado.
Se trata de 42 plazas que actualmente tiene operativas el Consell en un inmueble propio y que, una vez adjudicado, serán gestionados por una empresa.
El letrado Francisco Lorente Ramírez envió un mensaje privado por Facebook a un vecino que había criticado al alcalde en el grupo «Ibiza Winter Residents» por la investigación de su VPL. Le dio cinco días para retractarse públicamente o enfrentarse a una querella por injurias y calumnias.
Con el cambio de ley, intentó comprar el local comercial ubicado en el bajo del complejo Resident Park 2 de Can Misses que finalmente el alcalde reconvirtió en Vivienda de Precio Limitado por el que estalló el escándalo. La mujer tuvo que irse de la isla al no poder hacer frente a la renta. Además, fue amenazada por un abogado por críticas contra Triguero en las redes sociales.
Óscar Torres, miembro socialista, relata que el alcalde le abordó de forma alterada en Vara de Rey, le acusó de mentir y le advirtió de que «tiene pantallazos guardados». Un simpatizante del PP tuvo que llevárselo del brazo mientras le decía «déjalo, que son unos gilipollas».
El alcalde de Ibiza compró un local por unos 400.000 euros y lo reformó por otros 200.000 para reconvertirlo en una Vivienda de Precio Limitado. Se mudó allí junto a su familia y puso en alquiler el piso anterior, ubicado en el mismo edificio, a precio de mercado. La investigación de este medio lo obligó a anunciar que pondrá la polémica VPL en alquiler asequible, lo que convierte la operación en una ruina económica según los precios fijados por ley.
Iago Negueruela, portavoz socialista en el Parlament, pide al Instituto Balear de la Vivienda que abra un expediente sancionador contra el alcalde de Ibiza y su esposa Verónica Prats Marí, tras la investigación de La Voz de Ibiza.
PSOE y Podemos considera que la única comparecencia del alcalde hasta ahora —ante los medios, sin posibilidad de preguntas— es insuficiente. Piden acceso a toda la documentación de los expedientes y que se depuren responsabilidades políticas y administrativas si se confirman las irregularidades.
La presidenta del Govern balear confirmó que la polémica VPL de Rafa Triguero aún no está inscrita en el Registro autonómico, algo que había sido avanzado por La Voz de Ibiza. Esto a pesar de contar con licencia de ocupación desde el 6 de marzo. Además, Prohens no pronunció una sola palabra de respaldo personal al alcalde. Es la misma postura de distancia que han adoptado el PP Ibiza y los alcaldes populares de la isla.
Ni el PP Ibiza ni el PP Balear emitieron comunicado alguno en apoyo al alcalde. El presidente insular del partido, José Vicente Marí Bosó, no respondió a La Voz de Ibiza. Solo algunos concejales de su equipo de gobierno le mostraron apoyo en redes sociales, mientras ningún alcalde del PP de la isla se pronunció.
Del cartel de “se vende” en un local invendible a la marcha atrás forzada: así se gestó, ejecutó y desmoronó la operación del alcalde de Ibiza para fabricarse una vivienda protegida que no necesitaba y a la que no tenía derecho
Vox propone que las balizas V16 dejen de ser obligatorias y vuelvan los triángulos, pero la DGT insiste en que “no hay marcha atrás”
A través de un comunicado, han expuesto que “no puede gobernar quien presuntamente se ha beneficiado de una situación que vulnera las normas que él mismo está obligado a cumplir y defender”.
Triguero y su esposa cedieron solo sobre el papel y con el objetivo de aparentar cumplir la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda propiedades a sus hijos menores para acceder a una vivienda pensada para quien no tiene dónde vivir: fuentes jurídicas independientes lo califican de fraude de ley
La diputada socialista Pilar Costa ha acusado a la Conselleria de Vivienda de facilitar «que el alcalde de Vila se quede con una Vivienda de Precio Limitado».
Tras la investigación de La Voz de Ibiza, el alcalde de Ibiza dice ahora que pondrá la VPL al mercado de alquiler a precio limitado, a pesar de -según él- cumplir con todas las normativas. Una maniobra similar había utilizado con las vallas ilegales instaladas: las quitó a pesar de sostener que no había ninguna irregularidad.
El alcalde anuncia por sorpresa que pondrá la vivienda protegida en alquiler en lugar de vivir en ella. Si nunca iba a residir allí, ¿para qué cedió propiedades a sus hijos menores para aparentar que cumplía los requisitos?
Desde el PSOE han considerado que «las informaciones publicadas sobre la situación del inmueble del alcalde son de una gravedad absoluta y demuestran claramente que el alcalde de Eivissa está preocupado por la vivienda, pero sólo por la suya».
El grupo municipal considera que el alcalde debe ofrecer «una aclaración pública, detallada y transparente» tras la investigación de La Voz de Ibiza. Su portavoz, Héctor Andrés, advierte de que si no hay respuesta en los próximos días, el asunto llegará al pleno de finales de mayo.
Cinco de los siete menores argelinos que en septiembre pasado cruzaron solos más de 300 kilómetros de Mediterráneo hasta llegar a playa d’en Bossa a bordo de una lancha robada han sido repatriados a su país de origen. De los otros dos, uno ya había alcanzado la mayoría de edad y no podía ser expulsado, mientras que el otro escapó a Francia.
Vox presentó una moción contra el Real Decreto del Gobierno de España que restaura la atención sanitaria gratuita para personas en situación irregular. El resto de los grupos políticos cuestionó la propuesta. Solo prosperó el punto que pide un informe de impacto económico.
