En medio del escándalo por el Triguerogate, el alcalde de Ibiza se ha sacado de la manga una carta para intentar reacomodar las irregularidades, retomar la legalidad y frenar la sangría: anunciar que pondrá la polémica Vivienda de Precio Limitado (VPL) a la que se había mudado en el mercado de alquiler asequible.
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Esta rectificación fue anunciada ayer por el propio Rafael Triguero en una comparecencia pública en la que no aceptó preguntas de los periodistas. Todo luego de la investigación desvelada por La Voz de Ibiza.
Sin embargo, eso no lo libra de culpas: deberá responder ante el Govern balear de los incumplimientos durante el plazo que habitó la vivienda ubicada en un bajo del barrio Can Misses tras su reconversión de local comercial.
Es que, tal como avanzara este medio, el alcalde tiene la licencia de ocupación desde el pasado 6 de marzo y ha vivido allí al menos hasta que estalló el escándalo. Al menos fueron un puñado de semanas, según ha podido reconstruir este medio.
Durante esa ventana temporal, Triguero ha incumplido al menos tres puntos de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda del Govern balear.
Por un lado, su esposa es propietaria del 100% de otra vivienda, en este caso en el mismo edificio. Sin embargo, la normativa establece que quien resida en una Vivienda de Precio Limitado no podrá ser titular del pleno dominio de más del 50% de otra vivienda.
Este incumplimiento está tipificado por la ley como «muy grave» y puede acabar con la pérdida de condición de VPL.
Además, la vivienda protegida no está inscrita en el registro autonómico. Esta inscripción debe hacerse antes de ser ocupada como residencia habitual, según ha confirmado el propio Govern. Y Triguero la ocupaba desde hace semanas.
Por último, ningún miembro de la familia ha presentado la declaración responsable de beneficiarios ante la Conselleria. Esta constituye el título habilitante que permite el ejercicio de un derecho desde el día de su presentación. Por lo que la familia ha residido en una vivienda protegida sin tener derecho a ello.
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¿Sólo pagar?
Al anunciar que Triguero y su familia dejarán de residir allí para poner la VPL en alquiler con precio limitado, solo debería afrontar las multas económicas por los tres incumplimientos.
Todo si el Govern decide iniciar un expediente sancionador contra el actual alcalde de Vila, luego de que esta situación estallara en el Pleno del Parlament.
¿A qué multas se enfrenta Triguero?
El decreto de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda convalidado en la Ley 3/2024, establece un duro régimen sancionador para evitar a toda costa que las Viviendas de Precio Limitado (VPL) no cumplieran la función por la que fueron creadas y que han merecido una recalificación excepcional del legislador: facilitar el acceso a una vivienda asequible a quien no la tiene.
Con todo, Triguero ha cometido al menos dos infracciones muy graves, cuyos montos oscilan entre 30.001 a 90.000 euros cada una; y una grave, calificada entre 3.001 a 30.000 euros.
Si se toma como base las multas más bajas para cada una de ellas -teniendo en cuenta que se retomaría la legalidad si la VPL es puesta en alquiler-, Triguero debería desembolsar poco más de 63.000 euros.
Esto significa prácticamente su salario anual como alcalde de Ibiza.
Una ruina de operación se mire por donde se mire. Y es que al desprestigio que le ha supuesto ante la opinión pública haberse ido a vivir a una vivienda protegida contando con un abultado patrimonio familiar incompatible con la ley que permite recalificaciones excepcionales, cometiendo un reguero de irregularidades, y la nefasta gestión del caso, con un cúmulo de rectificaciones y falsedades, hay que añadir que obtendrá rentabilidades negativas de una inversión ruinosa por mucho que el presidente insular del Partido Popular, José Vicente Marí Bosó, lo presente como un ciudadano ejemplar.
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