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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales excluye a la empresa murciana Zima Desarrollos Integrales del contrato de 8,2 millones de euros para acondicionar la zona de reserva del edificio judicial de Sa Graduada, tras dar la razón a Vilor Infraestructuras sobre su falta de clasificación empresarial. La obra, pendiente desde que el inmueble abrió sus puertas en 2019, suma así un nuevo retraso.

El drama de las okupaciones: “Hay más de dos meses de demora para lanzar un desahucio” debido a que hay solamente dos funcionarios destinados a tales tareas para las islas de Ibiza y Formentera. El juez decano también explica que las sanciones establecidas por la ley son menores y que “la ley es demasiado garantista con el arrendatario que no paga”.


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