El edificio judicial de Ibiza, ubicado en la calle Madrid y la avenida Isidor Macabich, suma un nuevo retraso a las interminables obras para trasladar allí los seis Juzgados de Primera Instancia que se encuentran todavía en el edificio CETIS. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado la adjudicación de las obras de acondicionamiento de la zona de reserva del nuevo edificio de Sa Graduada, el contrato con el que el Ministerio de Justicia pretendía cerrar la interminable construcción.
La resolución, fechada el 25 de junio y notificada este mes, obliga a excluir del procedimiento a la empresa murciana Zima Desarrollos Integrales, S.L., que había resultado adjudicataria en marzo por un importe de 8.188.398,42 euros con impuestos.
El fallo -publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público– llega después de que Vilor Infraestructuras, S.L., la segunda clasificada en la licitación, recurriera la adjudicación el pasado 16 de marzo alegando que Zima no contaba con la clasificación empresarial exigida en el pliego para ejecutar las obras y que había intentado sortear ese requisito recurriendo a los medios de otras dos empresas externas.
El recurso, admitido a trámite el 7 de abril con suspensión automática del expediente, ha terminado con la estimación de las pretensiones de Vilor y la orden de retrotraer el procedimiento.
Un edificio a medio terminar desde hace seis años
El contrato en disputa corresponde a las obras necesarias para terminar de acondicionar la zona de reserva del edificio judicial situado entre la calle Madrid y la avenida Isidor Macabich, en Ibiza ciudad.
Se trata de una superficie que ronda los 4.000 metros cuadrados de un total de algo más de 12.000, y que permanece sin uso desde que el inmueble abrió sus puertas en diciembre de 2019.
Tal como informó La Voz de Ibiza en junio de 2025, la mudanza completa de los servicios judiciales de Ibiza al nuevo edificio no se completará antes de 2028, sumando otros dos años de retraso a un proyecto que debería haber estado finalizado en 2023.
El juez decano de Ibiza, Sergio González Malabia, explicó entonces que el edificio «por fuera… está bien hecho, pero por dentro no», con espacios tapeados con pladur y sin salas ni despachos terminados, mientras seis Juzgados de Primera Instancia continúan operando desde el edificio CETIS, cuyo alquiler le cuesta al Estado 600.000 euros anuales.
Tres ofertas y una empresa murciana con la mejor puntuación
El anuncio de licitación de las obras se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 4 de noviembre de 2025 y en el BOE el 12 de noviembre, con un valor estimado de 8.639.069,90 euros y un plazo de ejecución de 20 meses.
Se presentaron tres candidaturas: la UTE formada por Asch Infraestructuras y Servicios, S.A. y Taller de Construcción TMR, S.A.; Vilor Infraestructuras, S.L.; y Zima Desarrollos Integrales, S.L.
Esta última presentó la oferta económica más baja: 6.767.271,42 euros sin impuestos, frente a los 6.997.645 euros de Vilor y los 7.195.625,31 euros de la UTE.
Tras la valoración conjunta de criterios técnicos y automáticos, Zima obtuvo la puntuación más alta, con 94,55 puntos sobre 100, frente a los 84,80 de Vilor y los 39,08 de la UTE. La mesa de contratación declaró mejor oferta la de la empresa murciana el 23 de enero y la adjudicación se firmó el 3 de marzo y se publicó el 5 de marzo.
Antes de que se resolviera esta disputa, la licitación ya había atravesado un primer sobresalto: en noviembre de 2025, la empresa Pradditive IAQ, S.L. recurrió los pliegos alegando un incumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas y una vulneración del principio de competencia. El TACRC inadmitió aquel recurso en diciembre.
La discusión de fondo: clasificación propia frente a solvencia con medios externos
El núcleo de la disputa gira en torno a un requisito técnico: el pliego exige a los licitadores estar clasificados como contratistas de obras en el Grupo C, Categoría 5, y en el Grupo J, Subgrupo 2, Categoría 4.
Zima estaba clasificada en el Grupo C, categoría 3, pero no alcanzaba por sí sola la clasificación exigida en el Grupo J. Para completar ese requisito, recurrió al artículo 75 de la LCSP, que permite a un licitador basarse en los medios de otras entidades para acreditar su capacidad de contratar, aportando compromisos con las empresas José Pintaluba y Cía, S.L. y Zaragoza 2012 Grupo Constructor, S.L.
Vilor sostuvo en su recurso que esa fórmula constituía un fraude de ley: la acumulación de clasificaciones entre distintas empresas solo está prevista para las uniones temporales de empresarios (UTE) y no puede aplicarse por analogía a un licitador que concurre en solitario.
La propia Secretaría de Estado de Justicia respaldó, en cambio, la interpretación de Zima, defendiendo que un licitador individual puede completar su clasificación con medios externos siempre que estén disponibles durante toda la ejecución del contrato.
El tribunal falla a favor de Vilor
El TACRC ha zanjado la disputa a favor de Vilor. En su resolución, el tribunal admite que la integración de solvencia con medios externos está reconocida por la jurisprudencia europea y española, pero distingue con claridad esa figura de la acumulación de clasificaciones prevista para las UTE.
Según sus propias palabras, «no existe una acumulación de clasificaciones stricto sensu fuera del régimen de UTE» y esa posibilidad «no puede aplicarse analógicamente» a licitadores que concurren de forma individual.
El tribunal concluye que Zima, aunque clasificada como contratista de obras, no puede sumar categorías de clasificación entre empresas distintas cuando ninguna alcanza individualmente el nivel exigido, salvo que concurran bajo la fórmula de UTE.
Por ello, ordena anular la adjudicación y retrotraer el procedimiento con exclusión de la oferta de Zima.
Qué implica ahora para la obra
La decisión del TACRC no adjudica automáticamente el contrato a Vilor, pese a que la empresa lo había solicitado expresamente. El tribunal se limita a ordenar que la Secretaría de Estado de Justicia continúe la tramitación conforme al pliego sin la candidatura excluida.
El nuevo contratiempo se suma a una obra que acumula ya varios años de retraso y que, con este parón, difícilmente podrá completarse antes de la primavera de 2028.
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