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El Consell consigue en el pleno de mayo la adhesión al procedimiento extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico, la misma medida que calificó de «no prioritaria» en agosto de 2024 mientras las otras tres islas ya la habían aplicado. Formentera es la última isla balear en sumarse.

La diputada Irantzu Fernández denunció que el alcalde de Ibiza actúa con «una mano» desmantelando asentamientos irregulares de trabajadores y con «la otra» comprando una VPL y alquilando sus propiedades a precio de mercado. El PP respondió calificando el caso de «falsa polémica política» y defendió que Triguero sigue «exactamente el mismo procedimiento» que cualquier ciudadano.

La presidenta del Govern balear confirmó que la polémica VPL de Rafa Triguero aún no está inscrita en el Registro autonómico, algo que había sido avanzado por La Voz de Ibiza. Esto a pesar de contar con licencia de ocupación desde el 6 de marzo. Además, Prohens no pronunció una sola palabra de respaldo personal al alcalde. Es la misma postura de distancia que han adoptado el PP Ibiza y los alcaldes populares de la isla.


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