CONSELL DE GOVERN

El Govern aprueba en Ibiza la primera ley autonómica de costas de Baleares: los alcances y restricciones

El Consell de Govern aprobó este jueves el proyecto de ley del litoral balear, que llegará ahora al Parlament. La norma protege las construcciones tradicionales de la costa, limita la velocidad a 10 nudos en una milla desde la orilla y agiliza los trámites administrativos
La costa de Baleares.

El Consell de Govern aprobó este jueves el proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares, que se convertirá en la primera ley autonómica de costas del archipiélago si el Parlament la ratifica, según anunciaron la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, José Manuel Lafuente, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que excepcionalmente se celebró en Ibiza.

Baleares asumió las competencias en materia de costas hace tres años, contempladas en el Estatuto de Autonomía, pero hasta ahora no había regulado el litoral con una norma propia.

«Se puede entender como una anomalía que no hubiéramos regulado la ordenación del litoral, especialmente en un archipiélago con tantos kilómetros de costa», reconoció Prohens, quien celebró que la ley permitirá que el litoral balear deje de estar sometido a una normativa «hecha en un despacho de Madrid, de dentro de la M-30, por personas que no entienden la realidad insular».

Protección de los escars y las casetes de vorera

Uno de los ejes centrales de la ley es la protección de las construcciones tradicionales de la costa balear, como los escars y las casetes de vorera, que el PP se había comprometido a preservar de forma reiterada. La norma articulará esa protección mediante la creación de registros insulares de estas infraestructuras, que a juicio del Govern «definen la fisionomía» de la costa balear y forman parte de su cultura.

Lafuente reconoció que no existe actualmente ningún inventario de estas construcciones, al tratarse de la primera vez que se regula la cuestión, aunque algunos ayuntamientos y consells han realizado estudios propios que el Govern ha solicitado. La ley no regulará las actividades que se llevan a cabo en esas construcciones —competencia estatal—, sino que se limitará a catalogarlas para evitar su destrucción.

Límite de 10 nudos en una milla desde la costa

La norma introduce limitaciones de velocidad en la franja de una milla desde la costa: las embarcaciones de más de 12 metros de eslora y las motos de agua no podrán navegar a más de 10 nudos. Las medidas serán «más estrictas» en los espacios naturales protegidos, aunque se prevén excepciones para las embarcaciones profesionales sometidas a la normativa marítima internacional. Las restricciones buscan reducir riesgos en zonas de gran afluencia y minimizar los impactos ambientales.

Cogobernanza y agilización de trámites

La ley también establece un sistema de cogobernanza: los consells insulares serán los encargados de elaborar los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada, mientras que los ayuntamientos gestionarán directamente sus playas y concederán determinadas autorizaciones para actividades en el dominio público marítimo-terrestre. Los trámites administrativos tendrán un plazo máximo de dos meses para resolverse cuando se deban solicitar informes externos.

La norma diferenciará entre playas urbanas, naturales y de especial protección; regulará accesos, aparcamientos y servicios de temporada; actualizará el régimen de inspección y sanción con nuevas infracciones vinculadas al incumplimiento de las limitaciones de uso; y reconocerá a las asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan muelles o zonas de boyas.

Prohens reclama al PSOE que desbloquee la nueva ley estatal

La presidenta del Govern aprovechó el anuncio para reclamar al PSOE que desbloquee la nueva ley estatal de costas, que ya fue aprobada por el Senado pero que, según Prohens, «la presidenta del Congreso y el PSOE tienen bloqueada desde hace meses en la Mesa del Congreso». La actual normativa estatal, consideró, «es un ataque frontal a la realidad de Baleares», y confió en que la nueva resuelva cuestiones «tan importantes para islas como Formentera» como el deslinde de costas.

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