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La entidad cultural más veterana de la isla califica la reforma como «un disparate» y pide a las instituciones ibicencas y a la población en general que se opongan al proyecto de Aena. Advierte de que doblar la capacidad del aeropuerto en una isla con problemas crecientes de agua, vivienda y tráfico «es un contrasentido».

Esquerra Unida-Podem anuncia una batería de iniciativas en el Consell d’Eivissa, los ayuntamientos donde tiene representación y el Senado para exigir la paralización del proyecto de Aena. La coalición denuncia que «ampliar el aeropuerto es una irresponsabilidad social, ambiental y económica» mientras Ibiza vive una crisis de vivienda sin precedentes y los recursos naturales están «al límite».

La diputada socialista Irantzu Fernández desgranó en el Parlament los detalles de la reforma que el alcalde de Ibiza realizó en su Vivienda de Precio Limitado, incompatibles con su anuncio de destinarla al alquiler asequible. Una inversión de entre 600.000 y 700.000 euros que generaría una rentabilidad negativa a 1.000 euros mensuales

El conseller Mateo insistió en que la Dirección General investigará cuando reciba la documentación de inscripción. Pero esquivó el problema real: Triguero obtuvo la licencia de primera ocupación el 6 de marzo, se mudó a la vivienda y vivió en ella hasta que estalló el escándalo, sin haber inscrito la VPL en el registro autonómico ni haber presentado la declaración responsable de beneficiarios. El PSOE cifra ese período en «un mes y medio».

El proyecto aprobado por el Parlament le da a las administraciones Baleares (desde el Govern a los ayuntamientos) un mayor peso en decisiones sobre la infraestructura aeroportuaria. Las reformas que planea Aena incementarían en un 88% las puertas de embarque y han recibido numerosas críticas de ambientalistas. La cogestión aeroportuaria está pendiente de su tratamiento en el Congreso: la velocidad con la que se tramite podría ser determinante para el futuro de Es Codolar.

Las diputadas socialistas Irantzu Fernández y Pilar Costa han llevado el Triguerogate al Pleno del Parlament balear: han acusado a Triguero de haber cometido un fraude de ley, han cuestionado como sospechosa la recalificación urbanística de Can Misses y han exigido que el PP rinda cuentas por una operación inmobiliaria que califican de «maquinación» para burlar la ley.

El alcalde de Ibiza compró un local por unos 400.000 euros y lo reformó por otros 200.000 para reconvertirlo en una Vivienda de Precio Limitado. Se mudó allí junto a su familia y puso en alquiler el piso anterior, ubicado en el mismo edificio, a precio de mercado. La investigación de este medio lo obligó a anunciar que pondrá la polémica VPL en alquiler asequible, lo que convierte la operación en una ruina económica según los precios fijados por ley.


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