La multa millonaria por prácticas abusivas reabre el debate sobre los límites en la gestión de viviendas y los derechos de los inquilinos
Una joven relata su traumática experiencia tras perder 1.000 euros en su primera temporada en la isla. El truco del «conocido» y la falta de contrato son las claves de una estafa que se repite cada año en el mercado inmobiliario de Ibiza.
El Consell amplía durante seis meses el servicio para combatir la oferta ilegal y proteger el modelo turístico de la isla.
El auge de la seguridad privada en la isla revela un escenario de robos millonarios, precariedad laboral y una presión constante para proteger a turistas y residentes de alto poder adquisitivo
Los populares piden derogar el sistema del Gobierno y alertan de que deja fuera del mercado viviendas legales mientras abre “un coladero” a los alquileres irregulares
El Ayuntamiento incorpora coches híbridos para los AICS y amplía medios humanos, tecnológicos y de control de cara a la temporada turística
Tras el rechazo a la propuesta de Vox, se aprobó la enmienda presentada por el Partido Popular, que establecía también la denominación en castellano de «Ibiza» en lugar de «Eivissa».
La formación presenta mociones en los ayuntamientos para ampliar la protección a inquilinos y evitar subidas abusivas y desahucios.
El sindicato denuncia desalojos de trabajadores en asentamientos, denuncias laborales sin resolver y una Inspección de Trabajo “desbordada” en pleno inicio de la temporada. Advierten que la falta de vivienda y los bajos salarios están expulsando mano de obra de la isla.
La Junta de Gobierno rebaja la sanción de 530.000 a 82.000 euros tras aceptar alegaciones de Formentera Mar y unificar expedientes en un único procedimiento.
Airbnb recurrirá la multa de 64 millones impuesta por Consumo tras el rechazo del TSJM a suspenderla
El tribunal rechaza suspender cautelarmente la sanción de 64 millones mientras la plataforma anuncia un nuevo recurso y Consumo defiende que “ninguna empresa está por encima de la ley”.
La Justicia rechaza reabrir cautelarmente “Sa Bardella” y refuerza el control sobre el alquiler turístico sin licencia efectiva en Ibiza
La Guardia Civil detecta un anuncio con medidas infladas y un precio elevado por una construcción sin condiciones legales en Maria de la Salut.
El 19% de los pisos se alquila en menos de un día en Baleares, una cifra que sube al 25% en Palma y refleja la fuerte presión del mercado frente a una oferta cada vez más limitada.
Ocio de Ibiza asegura que las administraciones pueden detectar estos eventos y propone actuar sobre proveedores y falsas celebraciones privadas. Este año, señalan, los ayuntamientos tendrán que afinar el ojo ante la falta de detectives del Consell.
La tiktoker anunció que intermediará en alquileres de temporada para trabajadores en la isla, en plena crisis habitacional. Defiende que “ofrece una solución”, mientras crecen las críticas y el Govern recuerda que la actividad es legal, pero debe cumplir estrictas condiciones de habitabilidad.
La presidenta del Govern defiende desde República Dominicana un cambio urgente de modelo basado en la sostenibilidad, el crecimiento en valor y la reducción de la presión turística.
El proyecto contempla la renovación de aceras y viales, la mejora de redes de agua y saneamiento, el soterramiento del cableado y la instalación de nuevo alumbrado para modernizar y mejorar la seguridad del barrio.
La oferta, publicada en redes sociales para dos apartamentos en Cala Gració, incluye una “finders fee” de 3.000 euros al inquilino. La Ley de Vivienda establece que los gastos de gestión inmobiliaria en alquileres de vivienda habitual deben asumirlos los propietarios.
El demandado alegaba que las facturas no demostraban el consumo real y que nunca recibió notificación de la deuda, pero la Audiencia concluye que las lecturas del contador justifican la reclamación de la eléctrica.
Un año sin pagar alquiler ni luz: la desesperación de un propietario con su estudio okupado en Ibiza
El propietario de una vivienda en Ibiza relata cómo un antiguo trabajador permaneció durante más de un año en un estudio sin pagar alquiler, gastos ni electricidad. Tras meses de promesas incumplidas y problemas de drogas, decidió darle un ultimátum para que abandonara el inmueble.
A través de plataformas, se comercializaban ilegalmente viviendas en la urbanización Buenavista y en es Puig d’en Valls sin la correspondiente autorización.
El caso, negociado por el abogado Víctor Soriano, permite reducir en casi un 90% una multa de 275.000 euros por alquiler turístico ilegal y poner la vivienda en el mercado residencial durante cinco años en Ibiza.
Los afectados aseguran haber entregado dinero por viviendas inexistentes a una joven de la localidad. Algunas familias se quedaron literalmente en la calle tras descubrir el engaño.
Un despacho de abogados llega a un acuerdo con el Consell Insular de Ibiza, logrando reducir la sanción de 275.000 euros a 33.000. La propiedad ubicada en Sant Antoni se incorpora de esta manera al programa público ‘Alquiler seguro’ durante cinco años.
