Las medidas elevan las multas por captación ilegal hasta 12.000 euros, prohíben estacionar sin contrato previo en puertos y aeropuertos y obligan a las plataformas que asignan viajes a comprobar que los vehículos tienen autorización.
El alcalde de Sant Josep avisa al sector hotelero de Ibiza, vincula los asentamientos con el empleo en negro y advierte: «Quien no acepte, no nos conviene».
Alejandro Sancho Ferrer, presidente de la entidad, celebra que la temporada ya alcance los siete meses y apuesta por extenderla a marzo y noviembre.
Los cinco ayuntamientos de Ibiza, el Consell de Formentera y este viernes el Consell d’Eivissa han aprobado mociones de rechazo al proyecto de Aena. El PP y Unidas Podemos las impulsaron en convergencia; el PSOE las acompañó parcialmente, con apoyo, abstenciones y voto en contra según el municipio. La jornada del jueves dejó un cruce de reproches entre las tres formaciones y la ofensiva se extiende ya al Congreso de los Diputados.
AVAT defiende que la planificación turística ordene las unifamiliares regladas que ya existen, sin crecer “de forma desmesurada”, y marque distancia con el intrusismo.
AVAT cifra en unas 300 las propiedades afectadas por el sistema estatal y analiza acciones por el perjuicio sufrido al quedar fuera de las principales plataformas online.
Los sindicatos llevan ya 15 casos al juzgado por fijos discontinuos no llamados y trabajadores sin la ayuda de vivienda que les correspondía.
La media diaria de bloqueos desde el inicio de la temporada se sitúa en 25 anuncios, mientras los expedientes sancionadores se han multiplicado por más de tres respecto al récord histórico.
La sentencia anula el Real Decreto 1312/2024 por invadir competencias autonómicas y respalda en la práctica el modelo insular, el único de España con toda la oferta online identificada. El Consell venía denunciando desde el pleno de marzo que el registro estatal era un «coladero» que daba cobertura al alquiler de temporada usado como turístico encubierto.
Santa Eulària confirma la sanción a una vivienda de la calle Pío Baroja por comercializarse como estancia vacacional sin título habilitante.
Los populares emplazan al gestor aeroportuario a explicar por qué duplica puertas de embarque, mostradores y zonas comerciales si, como sostiene, el proyecto no incrementará la presión sobre la isla. Y plantean alternativa: que la inversión del Estado se destine a infraestructuras hidráulicas, carreteras, movilidad, transporte público y refuerzo de la seguridad, incluida la aeroportuaria.
El canal anónimo del Consell acumula 65 denuncias en 2025 y 5 en lo que va de 2026, mientras arrancan nuevas inspecciones a viviendas en plena temporada.
El presidente insular del partido y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, exige al Gobierno de Pedro Sánchez que rectifique y consensúe el proyecto con las instituciones ibicencas. El senador autonómico Miquel Jerez vincula la ampliación con la subida de tasas aeroportuarias prevista en el DORA III. Y ambos increpan al PSOE local: «¿Dónde están los socialistas ibicencos?».
El Ajuntament propone sancionar el cambio de uso de una vivienda en suelo rústico y confirma otra multa de 46.361 euros por comercializar en Airbnb.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares presenta un plan con cinco medidas para movilizar el parque residencial sin nuevas urbanizaciones.
Airbnb y Booking describen filtros tecnológicos, revisión documental y colaboración con el Consell, mientras el alquiler de temporada emerge como la zona más difícil de vigilar.
Triguero y su familia residen en un antiguo local en el mismo bloque en el que vivían en Can Misses, incumpliendo los requisitos exigidos por el Govern en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para beneficiarse de una norma excepcional pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento de Urbanismo del Consell de Ibiza, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
UGT y CCOO denuncian que el pleno empleo convive con trabajadores en asentamientos y advierten de la falta de recursos, personal y vivienda en la isla.
El Ayuntamiento sanciona a una arrendadora por ofrecer una vivienda en Arabí de Dalt sin licencia turística tras detectarlo la Policía Local en pleno verano de 2025.
La Policía Local actúa junto al Consell de Ibiza contra el intrusismo en plena temporada.
José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, sostiene que la isla ya ha tocado techo y que contener la saturación, en especial la vinculada a la oferta ilegal, ayudará a mejorar el servicio y la experiencia del visitante. De cara a los openings, prevé un arranque de temporada positivo, aunque el verano estará condicionado por la incertidumbre económica internacional.
Alicia Reina, presidenta en Baleares de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), sostiene que Ibiza ha dejado atrás la fase más básica de la lucha contra el intrusismo turístico. Sin embargo, avisa de que aún falta consolidar el control, reforzar la inspección y evitar que la oferta ilegal se desplace a nuevos canales.
El Consell atribuye a la vigilancia digital, la colaboración con plataformas y la presión inspectora la contención de la oferta ilegal en este inicio de 2026. La institución insular pone también el foco en el registro único y avisa de una posible vía de fraude a través del alquiler de temporada.
Empresarios reclaman más inspección y colaboración público-privada ante el impacto del alquiler vacacional no regulado.
La Junta de Gobierno aprueba sancionar a Formentera Isla Azul, taller del varadero del puerto de la Savina, con una multa de 24.000 euros por operar sin licencia y sin seguro tras una denuncia del SEPRONA, tal como había avanzado La Voz de Ibiza.
