La historia de un cachorro llegado en patera a Ibiza ha terminado convirtiéndose en un caso judicial que ha generado una enorme atención en Baleares. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha decidido suspender cautelarmente la orden de sacrificio que pesaba sobre el animal desde diciembre de 2025, cuando fue localizado junto a una familia procedente de Argelia en la playa de s’Estanyol.
La resolución judicial supone, al menos por el momento, un importante giro en un caso marcado por el debate entre la protección de la salud pública y el bienestar animal. El can, que permanece actualmente aislado y bajo vigilancia veterinaria en Mallorca, continuará vivo mientras se resuelve el procedimiento contencioso-administrativo impulsado por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
La decisión del tribunal ha permitido frenar temporalmente la orden dictada por la Dirección General de Salud Pública del Govern balear, que había decretado el sacrificio del cachorro por proceder de un país considerado de riesgo por la presencia de rabia endémica.
Un cachorro llegado en patera desde Argelia
El perro llegó a Ibiza el pasado 11 de diciembre de 2025 junto a un núcleo familiar procedente de Argelia. La embarcación alcanzó la playa de s’Estanyol y, tras la intervención de las autoridades, la familia fue derivada posteriormente a un centro de inclusión gestionado por Cruz Roja en Mallorca. Mientras tanto, el animal quedó bajo custodia del servicio municipal de recogida y acogida, y fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la Fundació Natura Parc Ibiza.
Se trataba de un cachorro mestizo de caniche, de aproximadamente tres meses de edad, que según los informes iniciales no presentaba heridas visibles de mordedura ni síntomas compatibles con la rabia en el momento de su recogida. A pesar de ello, pocos días después comenzó el procedimiento que acabaría derivando en la orden de sacrificio.
La orden de sacrificio dictada por Salud Pública
El 16 de diciembre de 2025, la Dirección General de Salud Pública del Govern remitió una resolución ordenando el sacrificio del animal al considerar que procedía de un país con rabia endémica. La medida se basaba en la normativa sanitaria vinculada a la prevención de enfermedades infecciosas y al control de animales potencialmente expuestos al virus.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Santa Eulària decidió actuar contra esa resolución y presentó un recurso de alzada al entender que el sacrificio no estaba suficientemente justificado. El Consistorio defendió desde el primer momento que existían alternativas legales y sanitarias antes de llegar a una medida irreversible.
La defensa del Ayuntamiento de Santa Eulària
En el recurso presentado, el Ayuntamiento argumentó que la propia normativa contempla otras opciones antes del sacrificio, como el retorno del animal a su país de origen o el mantenimiento en cuarentena bajo vigilancia veterinaria. Además, el Consistorio sostuvo que las circunstancias concretas del caso reducían considerablemente el riesgo sanitario.
Entre los plantos expuestos figuraban la corta edad del cachorro, su reducido tamaño y el hecho de haber convivido con el núcleo familiar sin presentar heridas compatibles con mordeduras. El Ayuntamiento también defendió la aplicación de protocolos similares a los utilizados en otras comunidades autónomas en situaciones excepcionales.
El traslado a Mallorca y el aislamiento veterinario
Mientras continuaba el procedimiento administrativo, el perro fue trasladado el 12 de enero de 2026 a las instalaciones de Natura Parc, en Mallorca. Según explicó el Ayuntamiento, el centro dispone de mayores garantías y mejores medios para garantizar el aislamiento y el control sanitario exigido por las autoridades. Desde entonces, el cachorro permanece bajo vigilancia veterinaria permanente y en condiciones de aislamiento controlado.
El recurso de alzada presentado por Santa Eulària fue finalmente desestimado el pasado 6 de marzo, manteniéndose la orden de sacrificio inicial. Ante esa negativa, el Ayuntamiento decidió acudir a la vía judicial y presentó el 14 de abril un recurso contencioso-administrativo solicitando medidas cautelares urgentes para paralizar la ejecución de la orden.
El TSJIB paraliza cautelarmente el sacrificio
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dado ahora la razón de forma provisional al Ayuntamiento y ha acordado suspender cautelarmente el sacrificio. El auto judicial establece que el animal continuará en las instalaciones de Natura Parc mientras se resuelve definitivamente el procedimiento judicial.
Asimismo, la resolución determina que el Ayuntamiento de Santa Eulària seguirá asumiendo los gastos derivados de su atención y cuidado durante este periodo. El TSJIB considera que, aunque la protección de la salud pública debe prevalecer, en este caso ambos intereses pueden compatibilizarse debido a las condiciones de aislamiento y control veterinario a las que está sometido el perro.
El tribunal destaca el riesgo “irreversible”
Uno de los aspectos clave del auto judicial es la consideración del perjuicio irreversible que supondría ejecutar el sacrificio antes de que exista una resolución definitiva sobre el fondo del asunto. La Sala entiende que, si finalmente prosperara el recurso presentado por el Ayuntamiento, la muerte del animal impediría revertir las consecuencias de la decisión administrativa.
Además, el cuerpo destaca que actualmente el perro permanece perfectamente aislado y bajo supervisión sanitaria constante, sin que exista un riesgo inmediato para la población. La resolución supone un importante respaldo provisional a la postura defendida por el Ayuntamiento durante los últimos meses.
Desde Santa Eulària también han querido aclarar públicamente varias informaciones difundidas durante las últimas semanas. El Ayuntamiento ha señalado que en diferentes ocasiones se atribuyó erróneamente al propio Consistorio la decisión de sacrificar al animal, cuando precisamente ha sido la institución municipal la que ha impulsado las acciones legales para evitarlo. Según explican, el objetivo siempre ha sido garantizar que el caso se resuelva “con todas las garantías jurídicas y sanitarias”.
