El Ayuntamiento de Santa Eulària ha abierto un expediente para depurar las responsabilidades del incendio forestal que se declaró en la madrugada del 1 de junio en la urbanización de Roca Llisa, presuntamente originado por el lanzamiento de bengalas y artefactos pirotécnicos desde una vivienda privada donde se celebraba una fiesta. Los responsables podrían enfrentarse a multas de hasta un millón de euros si se acredita que los hechos pusieron en riesgo personas, viviendas o infraestructuras próximas.
El fuego, controlado en minutos
El incendio fue comunicado al servicio de emergencias poco antes de las dos de la madrugada y afectó a unos ocho metros cuadrados de vegetación forestal junto a la parcela situada en la calle París de la que, según varios testimonios recogidos por la Policía Local, se estaban lanzando los artefactos. La intervención de los servicios de emergencia y de los vecinos permitió controlar el fuego sin que se registraran daños personales.
Durante la inspección posterior, los agentes localizaron restos de material pirotécnico tanto en la zona quemada como en el interior de la finca desde la que, presuntamente, se efectuaron los lanzamientos.
Los técnicos confirman la relación directa
Los informes elaborados por la Policía Local y los técnicos de Medio Ambiente concluyen que existe relación directa entre el uso del material pirotécnico y el origen del fuego. Sobre esa base, el Ayuntamiento investiga la posible responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las obligaciones de vigilancia, control y seguridad exigibles a los responsables de la actividad desarrollada en la finca.
El caso pasa al Govern balear
El consistorio ha remitido toda la documentación a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern de las Illes Balears para que valore la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Si durante la instrucción se concluye que los hechos generaron peligro para personas, viviendas o infraestructuras cercanas, la conducta podría ser calificada como infracción muy grave, con sanciones de entre 100.001 y un millón de euros. De no alcanzarse ese umbral, los hechos quedarían encuadrados como infracción grave al amparo del artículo 67.3.c de la Ley 43/2003 de Montes, que sanciona el uso del fuego o la realización de actividades prohibidas cuando provoquen daños en terrenos forestales o generen riesgo grave para personas o bienes.
Una zona con riesgos especiales
El incendio se produjo en un entorno considerado especialmente sensible. La urbanización de Roca Llisa combina una extensa masa forestal con zonas residenciales y cuenta con la proximidad del Área Ambiental de Ca na Putxa, la instalación donde se gestionan los residuos de Ibiza.
La normativa autonómica balear —concretamente el Decreto 125/2007 de regulación del uso del fuego— prohíbe expresamente el lanzamiento de objetos inflamables o artefactos susceptibles de originar incendios forestales, así como cualquier actividad capaz de provocar fuego en terrenos forestales o en sus zonas colindantes. Las infracciones graves en este ámbito se sancionan con multas de entre 1.001 y 100.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos, tanto en materia de actividades como de seguridad o protección del medio natural.
