El problema de las okupaciones en España sigue teniendo un lugar central en el debate público. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre enero y septiembre de 2024 se registraron 1.782 procedimientos judiciales por okupación ilegal de inmuebles residenciales. Sin embargo, detrás de estas cifras se esconde una realidad preocupante: muchas personas afectadas prefieren no denunciar y buscan otras soluciones para recuperar sus propiedades.
El largo camino judicial
Una de las principales razones por las que los afectados deciden no acudir a los tribunales es la lentitud del sistema judicial. Según los datos del CGPJ, el plazo medio para obtener una sentencia que permita el desalojo de un inmueble es de aproximadamente 24 meses, incluyendo la primera instancia y los posibles recursos en las Audiencias Provinciales. Los procedimientos verbales posesorios en 2023 tuvieron un plazo promedio de 12 meses en los Juzgados de Primera Instancia, mientras que las apelaciones en las Audiencias Provinciales alcanzaron los 11,2 meses.
Este retraso se debe, entre otros factores, a la saturación de los juzgados y a la complejidad de los procedimientos. Además, los recientes cambios normativos, como la Ley de Vivienda de 2023, han incrementado los requisitos para iniciar acciones legales, especialmente en casos donde los okupas pueden alegar situaciones de vulnerabilidad.
Empresas antiokupas y arreglos económicos extrajudiciales
Frente al colapso judicial, cada vez más propietarios optan por negociar directamente con los okupas o recurren a empresas especializadas en desalojos. Según abogados y asociaciones de afectados, el pago de una compensación económica a los okupas para que abandonen el inmueble se ha convertido en una práctica frecuente.
Esta estrategia, aunque controvertida, permite a los propietarios recuperar sus viviendas en un tiempo mucho más corto que el que implicaría un proceso judicial. Sin embargo, también ha generado un aumento en las demandas económicas por parte de los okupas, con cifras que, en algunos casos, alcanzan los 15.000 euros.
La «nueva ley antiokupas» y sus limitaciones
En diciembre de 2024, el Congreso aprobó una normativa que introduce juicios exprés para algunos casos de okupación, permitiendo que se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta medida, celebrada como un avance en la lucha contra la okupación, busca agilizar los procesos en delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda.
Sin embargo, la ley deja fuera las inquiokupaciones, que representan una proporción creciente del problema. Estos casos, donde los inquilinos dejan de pagar la renta de forma premeditada y voluntaria, no se consideran delitos penales y, por tanto, no pueden ser procesados por la vía rápida. Además, los propietarios que enfrentan este tipo de situaciones también se ven afectados por las restricciones de la Ley de Vivienda, que protege a los ocupantes en situación de vulnerabilidad.
