La reducción de la jornada de trabajo en la Administración General del Estado ya es una realidad. El Gobierno ha aprobado la resolución que fija en 35 horas semanales el tiempo de trabajo para unos 250.000 empleados públicos, dando cumplimiento a un compromiso adquirido con los sindicatos. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone un cambio relevante en la organización laboral de la Administración central y abre un nuevo escenario en materia de horarios, conciliación y prestación de servicios públicos.
Una reducción de la jornada de trabajo que ya es oficial
La resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública establece que los trabajadores de la Administración General del Estado verán reducida su jornada en dos horas y media semanales, pasando a un total de 35 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalentes a 1.533 horas al año.
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La jornada laboral pasa a ser de 35 horas semanales desde marzo: toda la información sobre la medida
Este cambio forma parte del acuerdo alcanzado el pasado 27 de marzo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO, UGT y CSIF, y entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. No obstante, las entidades públicas dispondrán de un plazo de un mes para adaptar sus calendarios laborales.
A quién afecta la nueva jornada laboral
La medida se aplicará a todos los trabajadores dependientes de la Administración central, incluyendo:
- La Administración General del Estado
- Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social
- Organismos autónomos
- Agencias y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la AGE
Sin embargo, la resolución deja fuera a determinados colectivos, como el personal militar de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Inicialmente, el planteamiento del Ejecutivo también excluía a otros grupos, como los empleados de prisiones o los de sanidad y educación en Ceuta y Melilla. Finalmente, el acuerdo los incluye, aunque su aplicación deberá concretarse mediante negociaciones específicas.
Nuevos horarios tras la reducción de la jornada de trabajo
Uno de los aspectos más visibles de la reducción de la jornada de trabajo es la reorganización de los horarios. El horario de mañana cambia de forma significativa. Deja de ser de 9:00 a 14:30 para pasar a ser de 9:00 a 14:00, sumando un total de 25 horas semanales en este tramo fijo.
El resto de la jornada se completará en horario flexible:
- Entre 7:00 y 9:00 de lunes a viernes
- Entre 14:00 y 18:00 de lunes a jueves
- Entre 14:30 y 15:30 los viernes
Además, el horario fijo de mañana y tarde pasa a ser de 9:00 a 16:30, frente a las 18:00 anteriores, mientras que el horario de tarde se establece de 15:00 a 20:00.
Jornada intensiva y condiciones especiales
La resolución mantiene sin cambios la jornada intensiva de verano, que seguirá siendo de seis horas y media entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, en horario de mañana de 8:00 a 15:00. En el turno de tarde durante este periodo, el horario habitual será de 14:30 a 21:30.
Por otro lado, los empleados públicos con régimen de especial dedicación, que suelen ocupar puestos de mayor responsabilidad, reducirán su jornada de 40 a 37 horas y media semanales.
Más flexibilidad para facilitar la conciliación
La reducción de la jornada de trabajo viene acompañada de medidas orientadas a mejorar la conciliación. La resolución amplía la flexibilidad horaria para determinados colectivos. Los empleados públicos con personas a su cargo podrán ajustar su jornada en una hora diaria en el tramo fijo.
Este derecho se aplica a quienes tengan a su cargo:
- Personas mayores
- Hijos menores de 12 años
- Menores en régimen de tutela o acogimiento
- Personas con discapacidad
- Familiares con enfermedad grave hasta segundo grado
Además, se incorpora el cuidado de personas dependientes convivientes, incluso sin relación familiar, como nuevo supuesto para acceder a esta flexibilidad.
Garantizar el servicio público, una prioridad
El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos incluye un compromiso claro: la reducción de la jornada de trabajo no debe afectar a la calidad del servicio público. Para ello, los distintos departamentos deberán adoptar las adaptaciones organizativas necesarias, especialmente en áreas con atención directa a la ciudadanía o con sistemas de trabajo por turnos.
En este sentido, el texto subraya que “la AGE orientará sus instrumentos de planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios públicos”.
Asimismo, insiste en que “se impulsarán las actuaciones necesarias de planificación, organización y dimensionamiento de las plantillas” para compatibilizar la nueva jornada con el mantenimiento e incluso la mejora del servicio.
Una reivindicación histórica de los sindicatos
La implantación de las 35 horas semanales en la Administración central responde a una demanda histórica. Este modelo ya se aplicaba en los años noventa, pero fue eliminado en 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy estableció de forma generalizada la jornada de 37 horas y media.
La limitación se levantó en 2018, lo que permitió que muchas administraciones autonómicas y locales recuperaran la jornada de 35 horas. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores autonómicos ya disfrutan de este esquema, lo que había generado, según los sindicatos, un agravio comparativo respecto a los empleados de la Administración central.
Un mapa desigual en toda España
A pesar de este avance, la reducción de la jornada de trabajo no está implantada de forma homogénea en todo el país. En el ámbito autonómico, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Navarra aún no han incorporado plenamente este modelo en su normativa.
En el ámbito municipal, la situación también es dispar. 21 de las 56 grandes ciudades españolas aún no han establecido la jornada de 35 horas, lo que significa que cuatro de cada diez grandes ayuntamientos siguen sin aplicarla. Entre ellos se encuentran ciudades como Valencia, Palma o Vitoria.
Un cambio con impacto en el empleo público
La aprobación de la reducción de la jornada de trabajo en la Administración General del Estado marca un nuevo paso en la evolución del empleo público en España.
La medida no solo afecta a los horarios, sino que también obliga a replantear la organización interna, la planificación de recursos humanos y la prestación de servicios.
Con su entrada en vigor, el Ejecutivo da cumplimiento a un compromiso pendiente desde hace años, en un contexto en el que la conciliación, la eficiencia y la calidad del servicio público se sitúan en el centro del debate.
