La situación de más de 500 menores que permanecen en Ceuta tras cruzar la frontera ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. Después de que el Ejecutivo señalara inicialmente la posibilidad de recurrir a los acuerdos migratorios suscritos con Marruecos, el debate se ha desplazado hacia el reparto de los menores entre distintos territorios y hacia la responsabilidad que deben asumir las administraciones autonómicas.
El Gobierno de Pedro Sánchez había planteado en las horas posteriores a la llegada de los migrantes la posibilidad de utilizar el marco bilateral existente con Marruecos para estudiar el retorno de quienes hubieran entrado de manera irregular. Sin embargo, esa posibilidad ha dejado de ocupar el centro del discurso gubernamental, mientras distintas voces del Ejecutivo reclaman ahora que las comunidades autónomas participen en la acogida.
La posición ha provocado críticas del Partido Popular y también reservas entre otras formaciones, mientras Marruecos, según la información aportada, ha mostrado disposición a recibir a los menores y ha atribuido las dificultades a la «maraña legal y jurídica española».
El acuerdo con Marruecos vuelve al centro del debate
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se refirió el pasado 31 de julio al convenio firmado con Marruecos, antes de la visita del presidente del Gobierno a Ceuta. Torres aseguró entonces que «lógicamente» se iba a «establecer el marco» acordado con el país alauita para abordar la situación de quienes habían cruzado la frontera de forma ilegal.
Desde ese momento, según la información disponible, ningún miembro del Gobierno ha vuelto a insistir públicamente en esa posibilidad, mientras el foco político se ha trasladado hacia las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP.
El convenio al que se refería Torres fue aprobado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ratificado posteriormente, en 2013, durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El texto establece en su artículo 2.3 como uno de sus objetivos «favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social». Además, el artículo 4.2 plantea que Marruecos «identificará al menor y su familia» en un plazo de tres meses desde la entrega por parte de España de la documentación o de la información correspondiente al menor.
El retorno no sería una devolución inmediata en frontera
La discusión jurídica gira también alrededor de la diferencia entre una devolución inmediata y un eventual retorno después de analizar cada caso. Los menores cuentan con una especial protección jurídica y su situación debe ser estudiada individualmente antes de adoptar cualquier decisión. Según la información aportada, una vez examinadas sus circunstancias podrían regresar a Marruecos, país desde el que accedieron a territorio español.
La sentencia del Tribunal Supremo mencionada en la información prohíbe las devoluciones «en caliente» en la frontera marítima, pero no impediría el retorno posterior una vez analizada la situación de cada menor. Este elemento es uno de los argumentos empleados por quienes consideran que el convenio bilateral todavía podría utilizarse.
Más de 500 menores permanecen actualmente en Ceuta
La situación afecta a más de 500 menores que siguen en Ceuta, donde los recursos disponibles se encuentran sometidos a una fuerte presión. El debate sobre su futuro se centra tanto en su posible distribución por otras comunidades autónomas como en la alternativa de localizar a sus familias y estudiar el regreso a Marruecos.
Quienes defienden esta segunda vía sostienen que el interés superior del menor debe tener un papel central en cualquier decisión, especialmente cuando exista la posibilidad de reunirlo con su familia. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ya había defendido que los menores «debían regresar por donde habían entrado».
En una posición similar se expresó la consejera de Juventud de Madrid, Ana Dávila, quien reclamó al Gobierno central que «identifique a los menores, busque a sus familias y retorne a esos menores con sus familias». Dávila añadió que, en el caso de que esos menores no tuvieran familiares, «estarían bajo el sistema de protección de Marruecos que, me consta, funciona muy bien».
PNV y Junts también muestran reservas al reparto
Las discrepancias no se limitan al Partido Popular. Según la información aportada, el PNV también ha pedido que los menores «regresen con sus familias» y ha rechazado su acogida en el País Vasco. Por su parte, Junts ha advertido de que no aceptará el envío de estos menores a Cataluña, lo que amplía el desacuerdo político sobre cómo debe gestionarse la situación.
Estas posiciones colocan al Ejecutivo ante un escenario en el que el reparto territorial encuentra resistencias tanto entre comunidades gobernadas por el PP como entre formaciones que han tenido un papel relevante en la mayoría parlamentaria del Gobierno.
El Gobierno plantea acudir a la Fiscalía
El Ejecutivo central ha elevado además la presión sobre las comunidades que rechacen participar en la acogida. Según la información proporcionada, el Gobierno ha llegado a amenazar con recurrir a la Fiscalía si las comunidades autónomas no aceptan el reparto de menores.
Este planteamiento ha intensificado el enfrentamiento con los gobiernos regionales del Partido Popular y ha vuelto a situar la gestión migratoria entre los principales puntos de choque institucional. La controversia adquiere especial relevancia en aquellas autonomías en las que el PP mantiene acuerdos con Vox, una formación que ha situado el rechazo a la acogida de menores migrantes entre sus posiciones políticas.
Vox rechaza recibir a los menores llegados a Ceuta
La formación liderada por Santiago Abascal ya ha advertido tanto en Andalucía como en Extremadura de que no aceptará la acogida de esos menores procedentes de Ceuta. El asunto tiene antecedentes dentro de la relación entre PP y Vox. La distribución de menores migrantes ya provocó anteriormente la ruptura de gobiernos de coalición entre ambas formaciones, aunque Vox descarta que en esta ocasión vaya a repetirse el mismo escenario.
Las tensiones tampoco han quedado únicamente circunscritas a las autonomías donde existen acuerdos entre ambos partidos. Un reparto anterior rechazado por el PP provocó también diferencias dentro de la propia formación, debido a la situación de Canarias, donde los populares gobiernan junto a Coalición Canaria. CC reclamaba entonces que los menores pudieran salir de las islas y ser distribuidos por otros territorios.
Un debate entre el retorno y el reparto autonómico
La gestión de los menores llegados a Ceuta queda así dividida entre dos vías políticas. Por un lado, permanece vigente el acuerdo bilateral con Marruecos, que contempla el retorno asistido a las familias o a las instituciones de tutela del país de origen después de completar los procedimientos correspondientes. Por otro, el Gobierno está impulsando la distribución de los menores entre comunidades autónomas, una opción que encuentra resistencia en distintas administraciones y partidos.
Las declaraciones realizadas inicialmente por Ángel Víctor Torres mostraban que el Ejecutivo contemplaba el acuerdo con Marruecos como parte de la respuesta a la crisis. Sin embargo, el debate posterior se ha desplazado hacia la acogida territorial, mientras PP, PNV, Junts y Vox han expresado, con posiciones diferentes, su rechazo o sus reservas ante esa fórmula.
Con más de 500 menores todavía en Ceuta, la resolución del conflicto dependerá tanto de la aplicación del marco legal como de la capacidad de alcanzar acuerdos entre el Gobierno central, Marruecos y las comunidades autónomas.
