El proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno da un giro relevante. El Ejecutivo ha decidido endurecer uno de los requisitos clave para acceder a esta medida, que podría beneficiar a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular en España.
A partir de ahora, quienes quieran acogerse a esta vía deberán demostrar que no tienen antecedentes penales, un requisito que no figuraba con esta exigencia en los primeros borradores y que ha sido introducido tras las observaciones del Consejo de Estado.
Un requisito obligatorio: acreditar que no hay antecedentes penales
El cambio principal en el nuevo real decreto es claro: los solicitantes deberán certificar que carecen de antecedentes penales para poder regularizar su situación.
Este requisito responde a las consideraciones del Consejo de Estado, que llevó al Gobierno a modificar el planteamiento inicial. En la versión anterior, bastaba con presentar el justificante de haber solicitado el certificado y una declaración voluntaria del interesado asegurando que no tenía antecedentes.
Sin embargo, esta fórmula ya no será suficiente. El nuevo texto establece que, si no se consigue el documento, el proceso no podrá completarse.
Plazos ampliados para facilitar el acceso a la regularización
A pesar de este endurecimiento, el Gobierno ha introducido mecanismos para no reducir el número de beneficiarios.
Los inmigrantes dispondrán de un mes para solicitar el certificado de antecedentes penales. Si en ese plazo no logran obtenerlo, el Ministerio de la Presidencia podrá intervenir y solicitarlo por vía diplomática.
En ese caso, se abrirá un nuevo periodo de tres meses para recibir el documento. Si tampoco llega en ese tiempo, el solicitante contará con 15 días adicionales para intentar conseguirlo.
No obstante, si finalmente no se obtiene el certificado, no será posible acceder al proceso de regularización.
Dónde y cuándo presentar las solicitudes
El procedimiento de regularización tiene un calendario definido. Los interesados podrán presentar sus solicitudes desde este jueves hasta el 30 de junio de 2026.
Los puntos habilitados para ello serán:
- Oficinas de la Seguridad Social
- Oficinas de Correos
- Oficinas de Extranjería
Este despliegue busca facilitar el acceso a la medida a un amplio número de personas en todo el territorio.
Otros requisitos para acceder al proceso
Además del certificado de antecedentes penales, el decreto establece otras condiciones que deben cumplir los solicitantes.
Entre ellas, acreditar que:
- Llegaron a España antes del 1 de enero de 2026
- Han permanecido en el país al menos cinco meses consecutivos
- “No representar una amenaza para el orden público”
Asimismo, deberán cumplir al menos uno de estos criterios:
- Tener algún vínculo laboral en España
- Permanecer en el país junto a su familia, especialmente si hay hijos menores o personas dependientes
- Encontrarse en una situación de vulnerabilidad
El reto del certificado y las primeras reacciones
La obtención del certificado de antecedentes penales se perfila como uno de los principales obstáculos del proceso.
De hecho, tras el anuncio de la medida, ya se han registrado colas frente a consulados, reflejo de la dificultad que supone acceder a este documento para muchos solicitantes.
Este punto ha sido uno de los más sensibles en la elaboración del decreto, ya que puede condicionar de forma directa el número de beneficiarios.
Cambios también en la protección internacional
El nuevo texto introduce además una modificación relevante respecto a los solicitantes de protección internacional.
En los primeros borradores, se exigía renunciar a estos procesos para poder acogerse a la regularización. Sin embargo, tras las consideraciones del Consejo de Estado, esta condición se ha flexibilizado.
Ahora, solo deberán abandonar la vía de protección internacional en el caso de que se les conceda el permiso de residencia por regularización extraordinaria.
Una medida pactada y no exenta de críticas
El Ejecutivo aprobará esta iniciativa, que fue pactada con Podemos el pasado 26 de enero.
Pese a que el Gobierno ha defendido que se trata de una medida consensuada, lo cierto es que ha generado críticas desde distintos ámbitos.
El propio Consejo de Estado señaló en su análisis del texto inicial “un considerable desorden y falta sistemática en sus estructuras y distribución de materias”.
El impacto potencial de la regularización
Las estimaciones del Gobierno apuntan a que más de 500.000 inmigrantes podrían beneficiarse de esta medida.
No obstante, un análisis de Funcas eleva esa cifra hasta cerca de 870.000 personas, lo que evidencia la magnitud del proceso.
Un objetivo doble: moral y económico
El Gobierno ha dejado claro que su intención es maximizar el número de beneficiarios.
El presidente, Pedro Sánchez, ha señalado que esta decisión responde tanto a “una cuestión moral” como a un objetivo económico.
En concreto, ha vinculado la medida con la necesidad de hacer frente al “invierno demográfico” que atraviesa España.
Un proceso con muchas incógnitas aún por resolver
La combinación de un requisito más exigente y la ampliación de plazos dibuja un escenario complejo.
Por un lado, se refuerzan las garantías del proceso. Por otro, se intenta mantener su carácter inclusivo.
