El Salvador ha dado un paso definitivo en la reconfiguración de su sistema judicial y constitucional. En una jornada marcada por la celeridad legislativa, la Asamblea del país centroamericano ha aprobado una reforma de calado que permitirá, por primera vez en su historia moderna, la aplicación de la cadena perpetua. Esta medida, impulsada directamente por el Gobierno de Nayib Bukele, busca endurecer drásticamente las penas contra los sectores que el Ejecutivo considera las mayores amenazas para la paz social.
Con el respaldo de 59 de los 60 diputados, el Legislativo acordó modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República. Hasta este martes, dicho texto prohibía explícitamente las penas perpetuas, las infamantes y las proscriptivas. Con la nueva redacción, se establece que «la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», levantando así un veto constitucional que databa de décadas.
Un proceso legislativo sin precedentes y sin debate
La aprobación de esta reforma constitucional se llevó a cabo bajo una dinámica que ya es habitual en la actual legislatura salvadoreña: la ausencia de estudio o debate previo en comisiones. El partido oficialista, Nuevas Ideas, hizo valer su amplia mayoría, sumando además los votos de sus aliados estratégicos e incluso un voto de la formación opositora Arena. Tan solo un legislador se posicionó en contra de la medida.
Pese a la contundencia de la votación, el proceso no ha concluido. Para que esta modificación entre en vigor y se altere definitivamente el texto de la Carta Magna, el Congreso debe ratificar la reforma en una segunda sesión plenaria. El objetivo declarado por el Gobierno es «garantizar a la ciudadanía el orden público y la paz social», además de implementar medidas «eficaces para prevenir y disuadir la comisión de actos delictivos».
«El derecho de vivir sin miedo»: la postura del oficialismo
Durante la sesión plenaria, las voces del oficialismo defendieron con firmeza la necesidad de la cadena perpetua. La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Calleja, detalló que la sanción se aplicará específicamente a quienes cometan homicidios, feminicidios, violaciones y actos de terrorismo. Calleja fue tajante al señalar que esta reforma pone en el centro «al derecho de vivir sin miedo» en El Salvador.
Para la legisladora, la situación del país no permite medias tintas. «La paz no es negociable», sentenció durante su intervención, añadiendo una dicotomía que marcó el tono del pleno: «o defendemos la vida o defendemos a los criminales». Esta postura refleja la línea dura del Gobierno salvadoreño, que mantiene un estado de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Desde la oposición, también hubo muestras de apoyo puntuales. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) coincidió en la necesidad de la reforma para asegurar que quienes cometan delitos de tal gravedad no vuelvan a recuperar su libertad. Según sus palabras, el objetivo es «evitar que vean la luz del día».
Cruce de acusaciones con organismos internacionales
La implementación de la cadena perpetua se produce en un contexto de fuerte tensión entre El Salvador y diversas organizaciones de derechos humanos. Recientemente, un informe del Grupo Internacional de Expertos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el Estado salvadoreño podría estar incurriendo en crímenes de lesa humanidad.
El documento, de 275 páginas, detalla patrones de actuación estatal que incluyen capturas arbitrarias de más de 89.000 personas, desapariciones forzadas y al menos 403 muertes en cárceles hasta agosto de 2025. Sin embargo, estas acusaciones han sido recibidas con desdén por las autoridades salvadoreñas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien presentó la propuesta por «instrucciones directas» de Nayib Bukele, fue contundente en su respuesta a los expertos internacionales: «Váyanse al carajo».
Villatoro calificó a las organizaciones autoras del informe como «unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad», asegurando que no cederán «ningún centímetro de soberanía» ante presiones externas. En la misma línea, la diputada Calleja criticó las recomendaciones de liberar a los detenidos bajo el régimen de excepción, recordándoles que se trata de «89.000 pandilleros, homicidas y violadores».
El mensaje de Nayib Bukele y el futuro de la reforma
El presidente salvadoreño, fiel a su estilo de comunicación directa, utilizó sus redes sociales para fijar su posición tras la aprobación en la Asamblea. Nayib Bukele lanzó un desafío público a través de su cuenta en la plataforma X: «veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión».
La reforma, además de instaurar la cadena perpetua, mantiene la prohibición de la prisión por deudas, las penas infamantes y los tormentos, pero elimina la restricción de la temporalidad en las condenas para los delitos más graves. Con esta medida, El Salvador profundiza en su modelo de seguridad, priorizando la reclusión permanente como herramienta de control social frente a las críticas por la falta de debido proceso legal y las condiciones en los centros penitenciarios.
