La actualización de la normativa sobre ascensores ha encendido las alarmas en miles de comunidades de vecinos en España. La entrada en vigor del Real Decreto 355/2024, que introduce nuevas exigencias técnicas en materia de seguridad, obligará a muchos edificios a acometer reformas en sus equipos, lo que en la práctica se traducirá en derrama económicas para los propietarios.
Aunque la norma no implica la sustitución total de los ascensores, sí establece una serie de requisitos que deberán cumplirse progresivamente. Esto supone que, en función del estado y antigüedad de cada aparato, las comunidades tendrán que asumir intervenciones de distinta envergadura, algunas de ellas con un coste considerable.
Una normativa que cambia las reglas del juego
El Real Decreto 355/2024 actualiza las condiciones técnicas que deben cumplir los ascensores, con el objetivo de reforzar la seguridad en su uso cotidiano. La aplicación de estas medidas se realiza a través de las inspecciones periódicas obligatorias, donde se detectan posibles incumplimientos.
Este aspecto es clave, ya que la ley no exige una adaptación inmediata, sino que establece un proceso progresivo. Es decir, las reformas solo se activan cuando una inspección detecta deficiencias, lo que permite escalonar las actuaciones en el tiempo.
Aun así, el impacto será amplio. Los ascensores más antiguos, especialmente aquellos con más de 20 años, son los que previsiblemente requerirán intervenciones más profundas, mientras que los más modernos podrían necesitar ajustes menores o incluso ninguno.
Derramas inevitables en muchas comunidades
Uno de los principales efectos de esta normativa será el económico. La necesidad de adaptar los equipos a los nuevos estándares implicará, en muchos casos, la aprobación de derramas por parte de las comunidades de propietarios.
El coste de estas intervenciones dependerá directamente del estado del ascensor y del tipo de reforma necesaria. En este contexto, las diferencias pueden ser significativas entre edificios, generando situaciones muy dispares.
Por ejemplo, actuaciones más simples como la instalación de sistemas de comunicación o mejoras en las puertas pueden tener un coste reducido, mientras que reformas estructurales elevan considerablemente la inversión.
Las principales exigencias técnicas
La normativa, a través de la ITC AEM 1, detalla una serie de requisitos destinados a reducir riesgos y mejorar la seguridad de los usuarios. Entre las medidas más habituales que deberán implementarse destacan:
Nivelación de la cabina y seguridad en el acceso
Uno de los puntos clave es la correcta nivelación del ascensor. El equipo debe quedar a ras de suelo para evitar desniveles que puedan provocar caídas o tropiezos. Se trata de una mejora básica pero fundamental en términos de accesibilidad y prevención de accidentes.
Protección en el cierre de puertas
La normativa exige la instalación de barreras fotoeléctricas para evitar golpes o atrapamientos. Este sistema permite detectar obstáculos durante el cierre de las puertas, incrementando la seguridad en el uso diario del ascensor.
Comunicación bidireccional en caso de emergencia
Otro de los requisitos es la incorporación de sistemas de comunicación bidireccional desde la cabina. Esto permite establecer contacto con servicios de emergencia en caso de avería o incidente, un elemento clave para garantizar la asistencia inmediata.
Control de carga y funcionamiento seguro
El ascensor deberá incorporar mecanismos que impidan su funcionamiento si se supera el peso máximo autorizado. Esta medida busca evitar situaciones de riesgo derivadas de la sobrecarga.
Sustitución de elementos obsoletos
En los equipos más antiguos será necesario sustituir componentes como las guías de madera por otras de acero. Este tipo de actuaciones implica intervenciones más complejas y costosas, especialmente en ascensores con décadas de antigüedad.
Costes variables según el estado del ascensor
El impacto económico de estas reformas es uno de los aspectos que más preocupa a las comunidades. Según los datos disponibles, algunas intervenciones pueden tener un coste aproximado de unos 1.000 euros, como la instalación de sistemas de comunicación o mejoras en las puertas.
Sin embargo, otras actuaciones más profundas, como la sustitución de guías o del sistema de tracción, pueden oscilar entre los 15.000 y los 40.000 euros, dependiendo de la complejidad del trabajo.
Esta diferencia pone de manifiesto que no todas las comunidades afrontarán el mismo nivel de gasto, aunque muchas sí tendrán que asumir algún tipo de inversión.
Una aplicación progresiva, pero inevitable
A pesar del impacto económico, la normativa contempla una implementación progresiva. Las reformas no deben realizarse de forma inmediata, sino que se activan tras las inspecciones periódicas cuando se detectan incumplimientos.
Esto permite que las comunidades puedan planificar las actuaciones y distribuir los costes en el tiempo. No obstante, el carácter obligatorio de las medidas implica que, tarde o temprano, los edificios deberán adaptarse.
El papel de la antigüedad en las reformas
La edad del ascensor será un factor determinante en la magnitud de las intervenciones. Los equipos con más de 20 años son los que presentan mayores probabilidades de requerir reformas profundas, ya que suelen carecer de muchas de las medidas de seguridad exigidas actualmente.
En cambio, los ascensores más recientes pueden cumplir ya con parte de los requisitos, lo que reduce la necesidad de inversiones importantes.
Seguridad frente a coste: el equilibrio de la norma
El objetivo de la normativa es claro: mejorar la seguridad de los usuarios en un elemento tan cotidiano como el ascensor. Aunque el impacto económico es relevante, la ley prioriza la reducción de riesgos y la actualización de equipos.
En este sentido, la adaptación de los ascensores se plantea como una medida necesaria para garantizar un uso seguro, especialmente en edificios antiguos donde los sistemas pueden haber quedado obsoletos.
