Mantener el ascensor en regla ya no será solo una cuestión de mantenimiento rutinario, sino una obligación legal de mayor calado. Con la puesta en marcha del nuevo Real Decreto que regula la seguridad de estos aparatos, las comunidades de propietarios en España se enfrentan a un proceso de modernización forzosa.
El objetivo es elevar los estándares de protección para evitar fallos técnicos, aunque el camino para lograrlo implique un desembolso económico que ha encendido las alarmas en muchas fincas.
¿Qué cambios exige la ley y por qué sube tanto la factura?
La normativa no se queda en la superficie y exige cambios profundos que varían según la edad del equipo: las tareas más sencillas incluyen la colocación de sensores en las puertas para evitar atrapamientos o la instalación de teléfonos de emergencia conectados directamente con técnicos. Sin embargo, el verdadero reto económico llega cuando el ascensor tiene décadas de antigüedad.
En los casos más críticos, será obligatorio sustituir piezas estructurales. Por ejemplo, las viejas guías de madera deberán ser reemplazadas por acero, y se exigirá una nivelación perfecta para que no existan escalones entre el pasillo y la cabina.
Mientras que un sistema de comunicación puede rondar los 1.000 euros, una reforma integral que incluya el sistema de tracción o el cambio de componentes pesados puede dispararse fácilmente por encima de los 15.000 euros, llegando a los 40.000 en las instalaciones más obsoletas.
El bolsillo de los propietarios: derramas y plazos
La gran pregunta que se hacen los vecinos es quién paga esto. Según la Ley de Propiedad Horizontal, al tratarse de obras esenciales para la seguridad del bloque, el coste recae sobre los propietarios: esto se traduce en derramas obligatorias que deberán abonarse según el coeficiente de participación de cada vivienda.
La buena noticia es que la ley no exige el cambio de la noche a la mañana: la obligatoriedad de hacer las reformas se activará tras la próxima inspección técnica periódica. Si el resultado es negativo, la comunidad tendrá un margen de maniobra de entre 3 y 10 años para realizar las obras, dependiendo de qué tan grave sea el riesgo detectado.
¿A cuántos edificios afecta esta medida?
Se estima que en España hay más de un millón de ascensores y, de ellos, aproximadamente uno de cada tres necesitará una reforma de envergadura. Los edificios más señalados son aquellos cuyos elevadores superan los 20 años de servicio, ya que son los que más distan de los estándares de seguridad actuales.
Aunque no es obligatorio comprar un ascensor nuevo, en la práctica, estas adaptaciones suponen una renovación casi total que, a largo plazo, busca garantizar que subir a casa no suponga ningún riesgo.
