El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha matriculado a su hija menor, Carlota Sánchez Gómez, en una universidad privada católica, ESIC University, mientras su propio Ejecutivo impulsa un decreto para endurecer las condiciones de creación y funcionamiento de los centros privados.
Según adelantó Libertad Digital y confirmaron fuentes estudiantiles a EL MUNDO, la joven cursa primer curso del doble grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en inglés en esta institución sin ánimo de lucro situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La titularidad de ESIC pertenece a los Padres Reparadores o sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, conocidos como los dehonianos.
La elección de esta universidad (de carácter religioso y de pago) llega en un momento especialmente sensible, en plena “ofensiva” del Gobierno contra el modelo de enseñanza privada, tanto universitaria como concertada.
Un decreto que declara la guerra a las universidades privadas
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de octubre un nuevo decreto destinado a “combatir los chiringuitos universitarios”, una norma que, según fuentes académicas, supone “una declaración de guerra” al sistema privado.
La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, justificó la medida como un esfuerzo por “garantizar la calidad”, aunque en el sector se interpreta como un intento de “limitar” el crecimiento de las universidades privadas.
El decreto establece requisitos más estrictos para los centros:
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Tener al menos 4.500 estudiantes matriculados.
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Ofrecer 10 títulos de grado, seis de máster y tres de doctorado.
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Acreditar el 2% de su presupuesto en investigación competitiva.
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Disponer de alojamiento para el 10% del alumnado.
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Aportar un aval económico equivalente al presupuesto del tercer año de actividad.
Estas condiciones ponen en riesgo la continuidad de universidades especializadas de tamaño medio, centradas en áreas concretas o con orientación docente más que investigadora.
ESIC, una universidad afectada por la nueva norma
Fundada hace más de 60 años, ESIC ha sido un referente en formación en Marketing y Empresa, primero como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y, desde 2021, como universidad independiente.
Actualmente, no cumple algunos de los requisitos del nuevo decreto, ya que cuenta con 3.700 alumnos, por debajo del mínimo exigido, y no ofrece programas de doctorado en tres ramas de conocimiento.
Aun así, la institución tiene seis años de plazo para adaptarse y ha anunciado que ya trabaja en un plan de expansión para cumplir con los criterios antes del límite. Además, cumple los estándares del decreto anterior, aprobado en 2021 por el exministro Manuel Castells.
Rechazo generalizado al decreto
El nuevo marco legal ha provocado un amplio rechazo dentro del propio Gobierno y entre las comunidades autónomas. Tanto los ministerios de Economía y Trabajo, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han mostrado objeciones al texto.
El Consejo de Estado también ha emitido un dictamen crítico, alertando de la falta de justificación de algunas de las exigencias.
La oposición política y académica al decreto no se limita al Partido Popular: Castilla-La Mancha (PSOE) y el País Vasco (PNV) también han expresado su disconformidad.
El malestar es palpable en el sector, donde muchos rectores denuncian que se trata de un intento de “asfixiar” el sistema privado, especialmente el que ofrece formación especializada o con orientación internacional.
Sánchez y su relación con la educación privada
El hecho de que Pedro Sánchez haya optado por una universidad privada para su hija contrasta con su discurso político y con las medidas impulsadas por su Ejecutivo en materia educativa. Según la web de ESIC University, el doble grado de ADE y Marketing en inglés tiene un coste anual de 12.900 euros y una duración de cinco años.
La elección de este centro no es casual: Begoña Gómez, esposa del presidente, también estudió en ESIC, donde realizó un curso vinculado con la Dirección de Empresas y el Marketing.
Además, Sánchez cursó sus propios estudios en instituciones privadas de inspiración católica. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en el Real Colegio Universitario María Cristina de El Escorial, un centro entonces adscrito a la Universidad Complutense y gestionado por los agustinos. Posteriormente, defendió su tesis doctoral en otra universidad privada, la Camilo José Cela, una investigación que fue acusada de plagio por varios medios en su momento.
Incluso su hermano, David Sánchez, cursó Económicas y Empresariales en la Universidad Comillas (ICADE), también privada y de orientación católica.
De la Ley Celaá a la universidad: una ofensiva contra la educación concertada
La polémica no es nueva. La Ley Celaá, impulsada por el Gobierno socialista y aprobada en 2020, redujo la financiación pública a los colegios concertados y eliminó las ayudas a los centros que separan por sexos.
La norma fue duramente criticada por las patronales de la enseñanza concertada y por una cuarta parte de las familias españolas, que eligen este modelo educativo cada año.
Ahora, el nuevo decreto universitario refuerza esa línea de actuación, generando una nueva tensión política y social en torno al equilibrio entre la educación pública y la privada.
