VOX ha denunciado públicamente la adjudicación de 13,5 millones de euros a la Fundación SAMU por parte del Consell de Ibiza para la atención de 32 menores extranjeros no acompañados (menores migrantes) durante los próximos cuatro años. La formación considera que este contrato supone un “negocio millonario” vinculado a la inmigración irregular y acusa a las instituciones de priorizar este tipo de gasto frente a necesidades sociales de la población local.
«Esto equivale a más de 100.000 euros anuales por menor, una cifra escandalosa», ha señalado el partido en un comunicado. VOX exige el fin de este modelo de adjudicación y un cambio en las políticas migratorias.
Críticas a la gestión de fondos públicos
Según el partido, el gasto destinado a este contrato con la Fundación SAMU representa un despilfarro de recursos públicos, que —afirman— deberían priorizarse para áreas como vivienda, sanidad, educación o dependencia en lugar de “premiar la inmigración ilegal”. VOX sostiene que la atención a estos menores genera además “inseguridad y problemas de convivencia” en los barrios ibicencos, y cuestiona que muchos de ellos “ni siquiera acreditan su edad real”.
«Mientras nuestras costas siguen siendo puerta de entrada para una invasión migratoria, las instituciones siguen alimentando este sistema», denuncia VOX, que reclama la devolución de los menores a sus países de origen.
Acusaciones de negocio encubierto
El comunicado de VOX también denuncia que este tipo de contratos enriquecen a “fundaciones y ONG” mediante adjudicaciones “multimillonarias” por el acogimiento de personas en situación irregular. El partido exige una auditoría y mayor transparencia en los procesos de adjudicación relacionados con la gestión migratoria en Ibiza y Baleares.
VOX ha difundido el pliego de contratación «de 32 plazas distribuidas en 4 lotes del servicio público de acogimiento residencial destinado apersonas menores de edad extranjeras no acompañadas, en situación de guarda o tutela por el Consell Insular de Eivissa». En él se advierte que el monto total del contrato por los cuatro lotes es de 13.512.825,6 euros, a razón de 3.378.206,4 euros por lote.
La formación insiste en que no se destine “ni un euro más” al que consideran “negocio de la inmigración ilegal”, y reclama una política de fronteras más estricta que incluya el retorno inmediato de personas en situación irregular.
La postura del Consell
Ante la consulta de La Voz de Ibiza, el Consell insular ha evitado hacer declaraciones.
El contrato en cuestión fue adjudiado el 30 de enero. En la memoria justificativa, el Consell argumentaba que el incremento en la llegada de menores migrantes hacía que sus recursos propios quedaran sobrepasados, «dificultándose la atención integral de menores». El Consell cuenta con el Pare Morey, un centro de menores desde los 12 años, con una capacidad de 44 plazas divididas en dos espacios: 16 menores en el módulo de primera acogida y 28 menores en el módulo residencia.
Según consta en el contrato, el procedimiento se hizo en forma urgente «para poder dar una respuesta urgente a la situación extraordinaria derivada de la llegadamasiva de menores extranjeros no acompañados a la isla».
La fundación
Por su parte, la Fundación SAMU es una entidad parte de la obra social de la corporación SAMU, con presencia nacional. La fundación colabora habitualmente con administraciones públicas para la gestión de recursos destinados a menores y personas en situación de vulnerabilidad.
Según informan en su sitio web, en la última década han atendido a 21.700 menores no acompañados.
Hasta el momento, desde la fundación no han respondido la consulta de La Voz de Ibiza sobre la denuncia de VOX.
Contexto
No es la primera vez que VOX cuestiona los aportes públicos para atender a menores migrantes. De hecho, como parte de la negociación con el PP por el Presupuesto 2025, el partido de ultraderecha ha exigido la firma de un compromiso para la elaboración de planes de retorno para menores migrantes a sus países de origen.
Además, el partido ha exigido pruebas dentales a los inmigrantes no acompañados que lleguen al territorio para determinar si son menores de edad.
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