El Govern balear y la Guardia Civil han presentado una nueva edición de su campaña conjunta para combatir los chárteres náuticos ilegales, una práctica que sigue creciendo en las aguas de Ibiza y Formentera, donde se registra “la mayor problemática del archipiélago”, según fuentes oficiales.
En lo que va de año, ya se han abierto 40 expedientes sancionadores por alquileres irregulares en Baleares, y más de 45 denuncias están en trámite, muchas de ellas remitidas por técnicos, agentes aduaneros y efectivos del Servicio Marítimo.
El jefe del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el capitán Francisco Córdoba, ha destacado la importancia de esta campaña porque «la mayor problemática que se tiene» en las aguas del archipiélago balear «es con los chárteres no solo ilegales sino también legales que puedan cometer alguna infracción respecto a la seguridad de quienes van a bordo o de la navegación marítima».
Preguntado por si se trata de fiestas, el capitán Francisco Córdoba ha explicado que «fuera de fiestas, que son más específicas de actividades con golondrinas», son «embarcaciones chárter que se alquilan para hacer actividades náuticas».
En este sentido, ha explicado que «hace años que se lucha contra personas que usan embarcaciones particulares para actividad comercial no regulada». Córdoba ha destacado que «es en Pitiusas donde hay más problemática, porque hay mucha actividad», si bien «tras la pandemia hubo incremento en Menorca y también, por supuesto, en Mallorca».
Más control, más sanciones
La campaña incluye inspecciones en puertos y fondeos, revisión de documentación, licencias, autorizaciones y titulaciones profesionales. El objetivo es frenar la competencia desleal y proteger tanto el medio marino como la seguridad de los usuarios.
Desde 2019, el número de sanciones ha crecido un 800%, pasando de 17 expedientes en 2019 a 153 en 2024, con multas propuestas por más de 462.000 euros. La tendencia al alza refleja, según el Govern, un mayor control y un aumento de medios dedicados a estas tareas.
“No vamos a mirar hacia otro lado, aunque no sea competencia nuestra”, denunció el conseller Lafuente, quien pidió al Gobierno central más implicación en la lucha contra el fondeo ilegal y la vigilancia costera, competencias estatales actualmente “insuficientemente atendidas”.
Más allá de la competencia económica, el Govern insiste en los riesgos: “No podemos permitir que unos pocos comprometan nuestros recursos naturales y la seguridad marítima”, remarcó Lafuente. Las inspecciones buscan prevenir incidentes derivados del exceso de pasajeros, mala praxis en la navegación o recogida en zonas no autorizadas.
Normativas en conflicto
Este nuevo operativo se enmarca en un contexto de confusión normativa, con un real decreto del Gobierno central pendiente de aprobación y un decreto autonómico en redacción. Como ya informó este medio, las dos regulaciones avanzan por caminos opuestos, lo que genera incertidumbre entre armadores legales y propietarios de embarcaciones privadas.
El decreto del chárter náutico que impulsa el Govern balear busca regular el sector, estableciendo requisitos para desarrollar la actividad. Uno de los puntos destacados es que prohíbe operar a las empresas que no dispongan de un amarre, boya regulada o lugar de atraque en el archipiélago. Además, impide a particulares arrendar su barca tres meses al año como quiere Marina Mercante.
