El pleno del Consell Insular de Formentera celebrado este jueves ha deparado un momento que no pasó inadvertido. En el cruce entre el conseller no adscrito Llorenç Córdoba y la vicepresidenta Verónica Castelló sobre el concurso de hamacas y sombrillas, la consellera de Medio Ambiente de Sa Unió no desmintió en ningún momento que la directora general de Costas y Litoral, María Joaquina Ferrer Matas, hubiera calificado de ilegal el contrato en la reunión del 18 de junio.
Se trata de la reunión que La Voz de Ibiza reconstruyó a partir de diferentes fuentes y que la propia Castelló ha intentado matizar en declaraciones públicas en los últimos días.
No solo eso, sino que además ha reconocido que el actual concurso está «mal hecho» al equipararlo -erróneamente- con la anterior licitación. A pesar de eso, renuncia a corregirlo al defenderlo públicamente y ante el Govern balear.
El cruce en el pleno
En el capítulo de las preguntas, Córdoba sostuvo: «Si delante del conseller balear del Mar y de la directora general de Costas le dicen que el contrato es ilegal, que usted no conoce la Ley de Costas y no conoce la OCAMAT. Eso fue el 18 de junio y estamos en julio». Y añadió: «Si usted sabe, porque se lo dijo la directora general de Costas, que el contrato actual no cumple la Ley de Costas ni la autorización que solicitó el Consell, que era por cuatro años, y el contrato era de seis años más dos de prórroga. La propia Ley de Costas establece que no puede haber un contrato de duración superior a la autorización concedida».
Castelló no negó que esas palabras se pronunciaran en la reunión. No respondió que Ferrer Matas no dijera tal cosa, algo que reconstruyó con detalles La Voz de Ibiza la semana pasada. Su respuesta fue de otro orden: cuestionar la actuación de Córdoba durante su etapa como conseller y equiparar el concurso actual con el anterior.
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Lo que Castelló sí reconoció
La intervención de Castelló en el pleno contiene además un reconocimiento explícito del fondo normativo que La Voz de Ibiza ha venido explicando desde mayo.
«Ahora resulta que esos seis metros ya no son válidos y deben ser diez metros, porque hay que dejar libre la franja de tránsito», afirmó la vicepresidenta. Es exactamente el argumento central que este medio ha documentado: que la OCAMAT —la Orden balear de 2013— fija en 10 metros la distancia mínima entre las instalaciones de playa y la pleamar, cuatro más que el Reglamento de Costas estatal, y que desde el traspaso de competencias al Govern en julio de 2023 esa norma es de obligado cumplimiento.
Castelló añadió que «desde este equipo de gobierno ya dijimos que considerábamos que la actuación que debería haber realizado el anterior equipo de gobierno respecto a esta licitación habría sido no hacer un contrato de seis años más otros dos de posible prórroga, sino convocar un concurso por cuatro años, porque la autorización que se concede es de cuatro años y luego debe renovarse».
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Es decir, la propia vicepresidenta reconoce en el pleno que el contrato de seis años más prórrogas no se ajustaba a lo que debería haberse hecho. Una afirmación que coincide punto por punto con lo que la directora general Ferrer Matas habría dicho en la reunión del 18 de junio, según las fuentes consultadas por este medio, y que Castelló no desmintió.
Una confesión involuntaria
Pero quizás el momento más revelador del intercambio llegó cuando Castelló, intentando defenderse de las críticas de Córdoba, afirmó: «El concurso anterior fue de ocho años; también era de seis años más dos de prórroga. Se adjudicó de 2013 a 2020 y también estaba mal hecho».
La frase, pronunciada como argumento de defensa, contiene una confesión involuntaria: si el concurso anterior «también estaba mal hecho», el actual —que es el que Sa Unió ha defendido públicamente durante meses— lo está igualmente.
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Así, Castelló equipara ambos concursos para diluir responsabilidades, pero al hacerlo reconoce implícitamente que el concurso vigente presenta los mismos problemas que ella atribuye al anterior. Y, sin embargo, el equipo de gobierno que ella integra no ha tomado ninguna medida para corregirlo.
Córdoba fue directo al señalarlo: «En el momento en que ustedes conocen la situación, porque yo les informé y porque había dos informes que así lo decían, y deciden seguir adelante con ello, el problema pasa a ser suyo. Ya no es un problema de la legislatura anterior, sino un problema de ustedes. ¿Y qué están haciendo? ¿Proteger a Formentera? No. Están protegiendo a quienes no cumplen».
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