El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para modificar la Ley de Costas de 1988, con el objetivo principal de preservar conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, como las casetas varadero, y ciertas instalaciones consideradas de interés público, que han quedado dentro del dominio público marítimo-terrestre por efecto de la erosión costera y el cambio climático.
Esta iniciativa legislativa, actualmente en trámite parlamentario tras haber sido aprobada la toma en consideración, establece una serie de criterios claros para determinar qué edificaciones quedarán excluidas del dominio público marítimo-terrestre mediante un nuevo deslinde.
Tratamiento especial para los BIC
En primer lugar, la ley protegerá los inmuebles que hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural (BIC), así como aquellos inmuebles que hayan recibido figuras similares de reconocimiento cultural por parte de las comunidades autónomas, tales como Bienes Culturales de Interés Local o Bienes Inmuebles de Relevancia Local.
Estos bienes serán excluidos mediante un deslinde especial, previo registro en el Catálogo de Patrimonio Cultural autonómico correspondiente.
Valores etnológicos destacados
En segundo lugar, se crean figuras específicas para los núcleos urbanos con valores etnológicos destacados. Estos deberán cumplir tres requisitos esenciales: tener acreditados valores culturales, históricos o etnológicos reconocidos oficialmente por las comunidades autónomas, estar integrados en el entorno costero de manera que su demolición suponga una pérdida patrimonial significativa, y haber existido antes de que fueran incluidos en el dominio público marítimo-terrestre.
Los núcleos catalogados bajo estos criterios quedarán excluidos del dominio público marítimo-terrestre, situándose bajo el régimen de servidumbre de protección, lo que permitirá conservar estas edificaciones con garantías jurídicas.
Clubs náuticos federados
En tercer lugar, la ley contempla específicamente las instalaciones deportivas de carácter náutico federado, regulando detalladamente su ubicación y características constructivas. Estas instalaciones solo podrán ubicarse en tramos urbanos de playa, preferentemente en los extremos, y deberán adaptarse al entorno respetando estrictas normas de accesibilidad, seguridad y protección contra incendios. Además, podrán albergar edificios sociales, aulas-escuela de vela, vestuarios y otras dependencias relacionadas directamente con la actividad náutica.
Finalmente, el nuevo texto legal establece plazos precisos para que las concesiones ya existentes se adapten a las nuevas normativas, bajo riesgo de caducidad si no cumplen con estas modificaciones en el primer tercio del plazo concedido.
Con esta propuesta, el PP busca garantizar la conservación del patrimonio costero español, evitando que el actual marco legal derive en demoliciones masivas que, según el partido, podrían generar graves daños culturales y sociales, además de impactos ambientales negativos.
