INMIGRACIÓN ILEGAL

Usar a los hijos como pasaporte: la cruel estrategia de familias marroquíes en Ibiza

Cada vez más menores marroquíes son dejados en comisarías de la isla para acceder al sistema de tutela pública; las autoridades temen un colapso del sistema de acogida y denuncian que la práctica busca facilitar la futura regularización familiar.

MArruecos
Inmigración.

Un nuevo y preocupante fenómeno ha encendido las alarmas en las dependencias policiales de Ibiza y otras ciudades españolas. En los últimos meses, se ha registrado un aumento de casos de menores de nacionalidad marroquí que se presentan solos en las comisarías solicitando ser acogidos como Menores Extranjeros No Acompañados (menas). Sin embargo, detrás de esta aparente situación de desamparo, las autoridades han detectado lo que parece ser una estrategia organizada y premeditada por parte de sus propias familias para lograr una regularización encubierta.

El modus operandi es el siguiente: familias marroquíes viajan a España de forma completamente legal, utilizando un visado de turista para pasar unas supuestas vacaciones. Una vez en el país, guían a sus hijos hasta una comisaría de policía y, tras dejarlos allí, los progenitores regresan a Marruecos, abandonándolos deliberadamente para que sean tutelados por las instituciones públicas españolas, según ha publicado OK Diario.

Las autoridades sospechan que el objetivo a largo plazo es que, una vez los menores alcancen la mayoría de edad y tras haber estado bajo la tutela del Estado, puedan invocar su arraigo en España para solicitar el reagrupamiento familiar. De esta manera, facilitarían la entrada y residencia legal de los mismos padres que los dejaron atrás.

Este fenómeno, que se detectó inicialmente en ciudades como Bilbao, se está extendiendo rápidamente por todo el territorio nacional. Los sindicatos policiales ya han expresado su frustración, denunciando la falta de herramientas legales efectivas para frenar una tendencia que consideran un uso indebido de los recursos públicos.

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El principal problema para las fuerzas de seguridad y los servicios sociales es que, en un primer momento, resulta imposible demostrar que el abandono ha sido intencionado o que los padres se encuentran en el país. Ante la declaración de desamparo del menor, las instituciones de protección no tienen más opción que acogerlos, activando un sistema diseñado para proteger a jóvenes en situación de vulnerabilidad real, no para ser utilizado como una vía de inmigración irregular.

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