La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), junto con técnicos de la Dirección General de Salud Pública del Govern balear, ha destapado uno de los mayores fraudes alimentarios detectados recientemente en Baleares. Durante una inspección realizada el pasado mes de abril en una distribuidora de pescados y mariscos situada en Palma de Mallorca, los agentes localizaron 20 toneladas de marisco y pescado no aptos para el consumo humano, mercancía que presuntamente estaba destinada a restaurantes y grandes superficies.
Según confirmaron las autoridades, los productos presentaban fechas de consumo caducadas desde 2019, lo que ya suponía una infracción grave. Sin embargo, el hallazgo más preocupante llegó cuando los inspectores comprobaron que la cadena de frío había sido rota, y que los alimentos habían sido descongelados y congelados nuevamente, una práctica expresamente prohibida por el grave riesgo sanitario que implica.
El informe detalla que la mayoría de los productos estaban caducados, ya que presentaban fechas de consumo del año 2019. Además, se constató que parte del género había sido reetiquetado para simular fechas recientes, lo que incrementa la gravedad del fraude y abre la puerta a posibles responsabilidades penales.
Un riesgo directo para la salud pública
Romper la cadena de frío en productos del mar es considerado una de las irregularidades más peligrosas dentro del ámbito alimentario. Las autoridades recalcan que este tipo de prácticas facilita la proliferación de bacterias como Salmonella, así como parásitos como el Anisakis, los cuales pueden causar intoxicaciones de especial gravedad.
El operativo permitió evitar que las 20 toneladas intervenidas llegaran al mercado, una circunstancia que habría podido derivar en un elevado número de afectados, especialmente al tratarse de una distribuidora que suministraba a negocios de hostelería y comercios de gran volumen.
Las autoridades recuerdan que este tipo de fraude alimentario afecta no solo a la salud, sino también a la confianza de los consumidores y a la competencia entre empresas que sí cumplen estrictamente la normativa.
Sanciones de hasta 90.000 euros y una investigación penal abierta
Tras la retirada e inmovilización total de la mercancía, Salud Pública abrió un expediente sancionador a la empresa responsable, al atribuirle dos infracciones muy graves en materia de salud pública y protección del consumidor. La multa asciende a un total de 90.000 euros.
El SEPRONA ha confirmado que la investigación continúa abierta para determinar si, además de las infracciones administrativas, podría haber responsabilidades penales derivadas de la manipulación fraudulenta del etiquetado, el incumplimiento de los protocolos de seguridad alimentaria y el posible riesgo ocasionado a los consumidores.
Refuerzo de los controles ante la llegada de la temporada navideña
Fuentes oficiales del Govern han informado de que este tipo de inspecciones será intensificado en las próximas semanas. El objetivo es evitar que, con el aumento del consumo de pescado y marisco en Navidad, puedan repetirse casos similares que pongan en riesgo la salud de la población.
Los organismos responsables recalcan la importancia de que los ciudadanos adquieran productos únicamente en establecimientos autorizados y de que verifiquen siempre el etiquetado y la fecha de consumo antes de comprar alimentos perecederos.
El control riguroso, tanto por parte de las autoridades como de los propios consumidores, resulta clave para detectar cualquier manipulación o irregularidad que pudiera comprometer la seguridad alimentaria.
Un fraude que reabre el debate sobre la vigilancia en la cadena alimentaria
La intervención de estas 20 toneladas de pescado y marisco en mal estado vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca del fortalecimiento de las inspecciones, especialmente en industrias dedicadas a alimentos de alto riesgo sanitario.
Este caso se suma a otros episodios recientes en el sector alimentario que han alertado sobre prácticas ilícitas motivadas por el ahorro económico, pero que conllevan un enorme peligro para la población.
La actuación del SEPRONA y de Salud Pública ha sido determinante para impedir que productos caducados, mal conservados y reetiquetados terminaran en la mesa de miles de consumidores. Ahora, el futuro de la investigación determinará el alcance de las responsabilidades y podría traducirse en consecuencias todavía mayores para la empresa distribuidora.
