CRISIS DE VIVIENDA

Ibiza y Baleares se preparan para la mayor presión del alquiler en España

El archipiélago encabeza las previsiones de presión del alquiler en España para 2026, de acuerdo con los cálculos del Gobierno.

Vivienda en alquiler.

Los contratos de alquiler que se revisen en Baleares a partir de 2026 asumirán un incremento medio de 4.615 euros anuales, la cifra más alta del país, según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El cálculo sitúa a las Islas como la comunidad donde la actualización de rentas será más acusada, un fenómeno que afectará a miles de hogares.

Este impacto económico se enmarca en un contexto de fuerte tensión del mercado de vivienda, un problema que afecta en forma especial a Ibiza y Formentera.

Más de 600.000 contratos pendientes de revisión en 2026

El Ministerio estima que 632.369 contratos expiran en 2026 en España, lo que implica que más de 1,6 millones de personas deberán afrontar revisiones de renta. La cifra se eleva a 2,7 millones si se añaden quienes también verán finalizados sus arrendamientos en 2027. En Baleares, el encarecimiento previsto es el más elevado, superando ampliamente la media estatal.

El informe destaca que las diferencias territoriales son muy marcadas, un factor que, según expertos consultados por este diario, se explica por las presiones estructurales del archipiélago, donde la demanda supera ampliamente a la oferta disponible.

Baleares lidera las subidas: el doble que la media estatal

Mientras que el incremento medio en España ronda los 1.735 euros, Baleares sobresale con 4.615 euros, muy por encima de otras comunidades.

Le siguen:

  • Comunidad Valenciana (2.686 €)

  • Canarias (2.267 €)

  • Comunidad de Madrid (2.042 €)

  • Cantabria (1.969 €)

  • Andalucía (1.952 €)

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Por debajo del umbral de 1.000 euros quedan Galicia (980 €), Extremadura (960 €), Castilla y León (902 €), Aragón (831 €), Ceuta (784 €) y Melilla (328 €).

Cataluña queda excluida del análisis, pues el 80% de su población reside en zonas declaradas tensionadas; tampoco se incluyen País Vasco ni Navarra por su régimen foral.

En territorios como Ibiza y Formentera, donde los precios del alquiler se sitúan desde hace años por encima del promedio balear, el impacto previsto para 2026 podría ser aún mayor. La escasez de oferta, la presión demográfica y la economía estacional acentúan un fenómeno que las entidades sociales llevan tiempo calificando de “insostenible”.

La previsión de que Baleares lidere la presión del alquiler en 2026 coincide con el reciente rechazo del Parlament a declarar zonas tensionadas, una figura que habría permitido limitar los precios en áreas con fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. Tal como publicó La Voz de Ibiza, el Govern descartó aplicar topes al alquiler en el archipiélago, una decisión que deja la evolución del mercado sujeta a criterios privados y a la dinámica actual de precios.

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el mayor número de contratos

El mayor volumen de contratos que concluyen en 2026 se registra en la Comunidad de Madrid (145.881 arrendamientos), seguida de Cataluña (112.728) y Andalucía (85.491).

El Panel de Hogares de la Agencia Tributaria, el INE y el Instituto de Estudios Fiscales sirve de base para estas estimaciones, que subrayan el peso poblacional en cada mercado regional.

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El precio del alquiler crece un 34% en cinco años

Según los informes de Idealista, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 el precio del alquiler ha pasado de 10,8 €/m² a 14,5 €/m², un incremento acumulado del 34,3%. Además, el 36,42% de los hogares que viven en alquiler destinan más del 30% de su renta al pago de la vivienda, una proporción que organismos internacionales consideran límite para garantizar estabilidad financiera.

Ante esta situación, Sumar mantiene su propuesta de renovar de forma automática los contratos que expiran en los próximos meses, permitiendo únicamente la actualización conforme al IPC.

Fuentes del partido indican que aún esperan respuesta del PSOE, al tiempo que recuerdan que la medida afectaría a más de un millón y medio de personas. El partido sostiene que “los datos muestran la necesidad de una intervención urgente del mercado del alquiler” y advierte de que la escalada actual compromete la estabilidad de los proyectos de vida.

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