El Govern balear ha cerrado 2025 con cifras récord en la lucha contra el alquiler ilegal de embarcaciones de recreo, tras incoar 162 expedientes sancionadores en todo el archipiélago, con multas propuestas que ascienden a 471.600 euros.
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Las actuaciones han sido coordinadas por la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, como parte de una campaña intensificada de control del chárter náutico.
El incremento de los controles ha permitido detectar un amplio volumen de prácticas irregulares en la actividad de chárter en el litoral balear. “La intensificación de las actuaciones permite detectar, sancionar y prevenir actividades de chárter que no cumplen los requisitos legales”, señala el Ejecutivo autonómico.
Denuncias de Guardia Civil y Vigilancia Aduanera
De los 162 expedientes abiertos, 95 han sido catalogados como infracciones leves, 63 como graves y 4 como muy graves. Hasta la fecha, 114 casos ya han sido resueltos, mientras que otros 48 permanecen en tramitación.
La mayoría de las actuaciones se han iniciado a raíz de actas y denuncias formuladas por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT, que suman 116 procedimientos.
Los 46 expedientes restantes tienen su origen en inspecciones realizadas directamente por técnicos del Govern, tanto en revisiones documentales como a bordo de las embarcaciones.
Más control en el mar y en el litoral
Desde el Govern se subraya que los datos de 2025 confirman una tendencia al alza en la persecución de irregularidades que afectan tanto a la seguridad marítima como a la protección del medio marino. Además, advierten que aún quedan por tramitar otras 56 denuncias ya recibidas.
En paralelo, Ports IB está desplegando un nuevo servicio de vigilancia e inspección costera, con una flota específica de embarcaciones y personal inspector habilitado. Este sistema incorpora también una coordinación centralizada que permite actuar con mayor eficacia en momentos de alta presión náutica, especialmente durante el verano.
El nuevo modelo de vigilancia busca reforzar el control de los usos en el litoral, garantizar el cumplimiento de la normativa náutica y preservar la seguridad de los usuarios.
“Se refuerza la actuación frente a prácticas irregulares, especialmente en periodos de mayor actividad náutica”, destacan desde el Ejecutivo.
