El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo su absolución en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, una causa en la que también están acusados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama. La defensa sostiene que García no cometió delito alguno porque no participó en la decisión de compra ni mantuvo relación contractual con la empresa adjudicataria, según consta en el escrito presentado ante el alto tribunal.
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Caso Koldo: Ábalos pide que Armengol declare como testigo en el Supremo por la compra de mascarillas
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada del exasesor subraya que la mercantil Soluciones de Gestión, considerada el epicentro de la presunta trama, actuó sin intervención directa de su defendido, por lo que los hechos imputados “no son constitutivos de delito alguno”. La defensa insiste en que la actuación de García se limitó a tareas logísticas propias del contexto excepcional de la pandemia, marcada por la escasez de material sanitario a nivel internacional.
Petición de testigos políticos clave
Koldo García ha solicitado que declaren como testigos el exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol. La defensa considera que sus testimonios son esenciales para aclarar el funcionamiento de los mecanismos de compra de material sanitario durante la crisis sanitaria.
Respecto a Illa, la letrada argumenta que era la máxima autoridad sanitaria durante la pandemia y que su declaración permitiría acreditar que los canales de adquisición de material no fueron “asaltados” por una trama, sino que respondieron a criterios de necesidad urgente y disponibilidad de stock en un mercado colapsado. La defensa quiere que Illa confirme que la intervención de García fue una colaboración interministerial y no una injerencia ilícita.
En cuanto a Grande-Marlaska, la defensa pretende desmontar la acusación de una supuesta capacidad de presión de García, ya que se citan contratos del Ministerio del Interior y procesos en Correos como ejemplo de esa influencia. Por ello, considera “imperativo” que el ministro explique el proceso real de toma de decisiones en su departamento.
Sobre Armengol, Koldo García solicita su comparecencia para desvirtuar la existencia de una supuesta orden o recomendación vinculante dirigida a la administración autonómica balear. Según la defensa, solo su testimonio puede acreditar que Baleares actuó de forma autónoma, basándose en informes técnicos y no en una red de favores.
Críticas a Víctor de Aldama
En el mismo escrito, la defensa de Koldo García arremete contra el empresario Víctor de Aldama, al que califica de “ornitorrinco procesal” y acusa de mentir al afirmar que acordó repartir con Ábalos y García aproximadamente el 50 % de las comisiones obtenidas. El abogado sostiene que esas acusaciones son una construcción especulativa sin respaldo probatorio, vulnerando la presunción de inocencia del exasesor.
Además, la defensa pide que el interrogatorio de Aldama se practique en primer lugar y bajo un régimen similar al de un testigo, dada la naturaleza de sus declaraciones y su interés en el procedimiento.
Penas solicitadas y más testigos
La Fiscalía solicita 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García —ambos en prisión provisional desde el 27 de noviembre— y siete años para Víctor de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, elevan la petición a 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor.
La defensa también ha reclamado la comparecencia de otros empresarios y cargos públicos, entre ellos Juan Carlos Cueto, presunto comisionista del caso; Claudio Rivas, vinculado a la trama de hidrocarburos; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exdirector general de Carreteras Javier Herrero; el presidente de Correos, Pedro Saura; el exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, y la exdirectora del CNI Paz Esteban, entre otros. Una lista de testigos que anticipa un juicio de gran complejidad política y judicial.
