El vicepresidente del Consell Insular de Ibiza, Mariano Juan, volvió a insistir en el pleno del viernes en una cifra que repite desde hace semanas: “30.000 temporeros”. Lo hizo para reprochar al PSOE que su propuesta de reservar la vivienda nueva a residentes dejaba fuera a quienes sostienen la campaña turística. “Se ha olvidado de 30.000 personas que trabajan en la isla”, dijo durante el cruce parlamentario, en el cual se rechazó la moción socialista.
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La cifra, más que un censo cerrado de “temporeros”, encaja con el diente de sierra del mercado laboral en Ibiza y Formentera: el salto de afiliación a la Seguridad Social entre temporada baja y temporada alta. En enero de 2025, Ibiza registraba 52.737 afiliados y Formentera 3.031. En cambio, en septiembre de 2025, ya en el tramo final del verano, la afiliación alcanzó 88.149 cotizantes en Ibiza y 6.361 en Formentera. La diferencia entre ambos momentos supera los 38.000 cotizantes, un salto que ilustra por qué el debate de vivienda acaba girando —una y otra vez— hacia el alojamiento ligado a la temporada.
La referencia a más de 30.000 trabajadores también aparece en otras discusiones laborales del archipiélago. Por ejemplo, la negociación del convenio de hostelería en las Pitiusas se ha descrito como un acuerdo que afecta a más de 30.000 trabajadores, según informaron UGT y CCOO en distintas entrevistas. Con matices, ambas pistas apuntan al mismo fenómeno: la dimensión del empleo turístico y su presión directa sobre el mercado residencial.
Alojamiento específico
Con esas magnitudes, la pregunta que se abre —y que el propio Juan ha puesto encima de la mesa en varias ocasiones— es qué instrumentos existen para evitar que decenas de miles de contratos acaben compitiendo por el mismo parque de vivienda residencial. En una intervención reciente en FITUR durante una mesa redonda sobre el intrusismo y la oferta ilegal, el vicepresidente defendió la necesidad de “infraestructuras específicas” para alojar temporeros para no presionar el mercado residencial, y planteó que esa cuestión se incorpore a los Planes de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIATS) que está en fase de elaboración (inició formalmente en mayo de 2024).
Según Juan, garantizar el alojamiento a los temporeros es «uno de los principales los retos, una de las problemáticas que tiene Ibiza».
La idea fue respaldada después por Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, según recogió Radio Ibiza. La patronal hotelera, de hecho, pidió que las soluciones de alojamiento de este tipo sean para todos los trabajadores de temporada, no solo los hoteleros.
En el pleno, Juan abundó en esa “pata” de la ecuación al discutir el concepto de residente y su encaje con la temporada: “¿Una persona que viene aquí a trabajar tres o cuatro meses no podría ocupar esos pisos?”; y añadió que el Consell está dispuesto a “abrir el debate sobre la presión que generan los temporeros en la isla”. “No lo digo de forma peyorativa; aquí tiene que venir gente a trabajar”, explicó.
Según su planteamiento, una parte del problema es que empresas del sector turístico acaban alquilando viviendas residenciales que quedan ocupadas “cuatro o cinco meses” y “el resto del año vacías”, con un impacto que, dijo, no es marginal. En ese marco, defendió estudiar zonas o soluciones específicas para que los temporeros puedan vivir “con dignidad”, “ni barracones, ni chabolas, ni caravanas”, y advirtió: “Si no contamos con esta pata no atinaremos a buenos resultados.”
En Ibiza, el debate no es nuevo y ya ha tenido reflejo en iniciativas singulares, desde propuestas empresariales hasta soluciones puntuales de alojamiento para plantillas, como ha ido contando este medio. Un ejemplo: el proyecto de un crucero como residencia de trabajadores planteado como respuesta de emergencia al drama habitacional.
Qué permite ya la normativa balear: “residencial comunitario”, coliving y reconversión de suelos turísticos
En paralelo, Baleares ha explorado vías legales para encauzar esa necesidad sin volcarla sobre el alquiler tradicional. Una de las referencias más claras es la Ley 3/2024 que permite cambios para que solares de uso hotelero y turístico pudieran reconvertirse en parcelas residenciales con dos condiciones: que las viviendas se destinen solo a personal del sector turístico y que adopten tipologías de uso residencial comunitario o con espacios comunes complementarios (coliving/cohousing).
Además, en el llamado decreto de contención turística, el Govern ha difundido medidas que permiten reconvertir establecimientos turísticos obsoletos o inviables en viviendas de precio limitado, “especialmente para trabajadores”, con el objetivo de generar oferta en zonas de fuerte presión turística. Y el marco de vivienda balear también ha ido incorporando figuras como los alojamientos dotacionales y los alojamientos con espacios comunes complementarios, recogidos en la normativa autonómica.
Juan ha traído nuevamente al centro del debate el elefante en la habitación: Ibiza multiplica su demanda laboral en pocos meses, y si ese aumento se atiende solo con vivienda residencial convencional, el mercado queda aún más tensionado. “No hablamos solo de 1.000 trabajadores, hablamos de 30.000”, ha insistido en el pleno.
De ahí que el debate apunte a una conclusión recurrente en la isla: sin alojamientos específicos para trabajadores, el problema se desplaza —y se agrava— cada temporada.
