La Audiencia Nacional ha avalado la demolición de ocho casetas varadero y una terraza en la cala de Portinatx, en Ibiza, al desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento de Sant Joan y confirmar la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica que ordena el derribo por ocupación indebida del dominio público marítimo-terrestre.
La resolución judicial confirma la decisión adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2021, que denegó la legalización de las construcciones al considerar que ocupan 635 metros cuadrados de dominio público sin título habilitante válido y ordenó la restitución del litoral a su estado original, en aplicación de la Ley de Costas.
Tal como adelantó Radio Ibiza, el tribunal rechaza los argumentos del Ayuntamiento, que defendía la singularidad de las casetas y su vinculación histórica a los usos tradicionales del litoral norte de la isla. Según consta en el procedimiento, las casetas se levantaron al amparo de una concesión otorgada en 1969, que expiró en 1974. Desde entonces, no se ha concedido una nueva autorización que legitime su permanencia sobre dominio público.
Intentos fallidos de regularización
El Ayuntamiento de Sant Joan impulsó varios intentos de legalización ante la Demarcación de Costas, con informes técnicos favorables iniciales en 2004 y nuevas solicitudes formuladas en 2015 y 2021. Sin embargo, el Ministerio concluyó que la consolidación de las casetas supondría un uso privativo incompatible con el carácter público del litoral.
El Consistorio alegó que las casetas forman parte del paisaje cultural y etnográfico de Portinatx, defendiendo su inclusión en el catálogo municipal de patrimonio. La Audiencia Nacional, no obstante, subraya que la protección patrimonial no puede prevalecer sobre la normativa estatal de costas ni justificar la ocupación permanente del dominio público.
Impacto sobre la cala
El fallo incide en que la permanencia de estas estructuras reduce el espacio de uso común, dificulta el tránsito público y contribuye a la saturación de una cala de dimensiones reducidas, argumentos que refuerzan la decisión administrativa de ordenar su demolición.
La sentencia no es firme, ya que admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que permite al Ayuntamiento explorar una última vía judicial antes de que el derribo sea ejecutable.
