La controversia por el desmontaje obligatorio de los chiringuitos de Formentera ha sumado un nuevo cruce de versiones tras las declaraciones públicas de Juanjo Costa, responsable del lote 43 “Xiringuito Amar” de la playa de Migjorn, quien ha atribuido al exdirector general de Costas del Govern balear, Carlos Simarro Vicens, haberle confirmado que no existía impedimento legal para modificar la concesión y evitar retirar las estructuras en invierno al tratarse de una cuestión de «voluntad política», una afirmación que el propio Simarro ha negado de forma categórica a La Voz de Ibiza.
Costa, quien sistemáticamente se ha negado a atender a este medio y que en ocasiones se ha presentado como portavoz de los chiringuitos, ha realizado estas manifestaciones en un artículo de opinión difundido por Ràdio Illa, en el que vuelve a situar el foco en lo que considera una “falta de voluntad política” para modificar la obligación de desmontar los quioscos de playa en Formentera, una exigencia recogida en el Reglamento General de Costas, en el título concesional y reiterada por el Govern balear.
“En octubre de 2024, acompañado de mi asesor legal, el Catedrático en Derecho Administrativo Javier Jiménez de Cisneros, (el abogado de Ángel Bustos y viejo conocido de la APB) me senté en la mesa del despacho de Carlos Simarro, en aquel momento director general de Costas, para tratar la modificación de esta cláusula absurda de desmontaje que impera”, ha afirmado Costa, según el texto difundido por la emisora y reproducido ahora en el contexto del conflicto abierto con las administraciones.
El concesionario sostiene que en ese encuentro Simarro estuvo acompañado por el abogado del área y que ambos le trasladaron que la modificación era posible desde el punto de vista legal y técnico, siempre que existiera respaldo político.
“El señor Simarro, acompañado también en todo momento por el abogado del área, nos confirmó que no había ningún impedimento técnico ni jurídico a realizar este cambio, siempre que hubiera voluntad política para hacerlo. Y así llegamos al fondo de esa cuestión, se trata de falta de voluntad política”, ha insistido Costa en su pueril relato de la situación.
En ese contexto, el responsable del lote 43 ha añadido: “Nos encontramos ante una clara evidencia de que el Consell no hace lo que quiere, hace lo que le dicen desde Mallorca”, cuestionando además el papel del diputado autonómico por Formentera, Llorenç Córdoba.
Desmentido tajante
Sin embargo, Carlos Simarro ha negado de forma rotunda la versión ofrecida por Costa, asegurando que jamás avaló la posibilidad de modificar la concesión para eliminar la obligación de desmontaje, ni verbal ni formalmente.
“Yo ya no estoy en la Dirección General, pero nunca he dicho tal cosa. De hecho, estando yo, ya denegué la modificación de la concesión”, ha señalado Simarro en respuesta a la consulta de La Voz de Ibiza, rechazando de plano el relato del concesionario.
El exdirector general ha reiterado además: “Nunca planteé tal posibilidad. En absoluto”, subrayando que la postura de la Dirección General de Costas durante su etapa fue siempre la misma y coherente con la normativa vigente, lo que coincide con el expediente incoado que podría derivar en la pérdida de la concesión por parte del Consell Insular de Formentera ante los reiterados incumplimientos a las obligaciones esenciales.
Los avisos previos
Las declaraciones de Costa chocan con los antecedentes documentados y publicados por este medio meses antes, en los que ya se detallaba que los concesionarios de los chiringuitos eran plenamente conscientes de la obligación de desmontar las estructuras.
Tal como publicó La Voz de Ibiza en enero de 2025, los propietarios de los chiringuitos del megaconcurso bajo sospecha sabían desde el 18 de octubre de 2024 que el Govern balear no iba a ceder ante la exigencia de desmontar las instalaciones al menos durante un mes cada año entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
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En concreto, el entonces conseller de Litoral, Asier Fernández, explicó que tras varias insistencias fue recibido el 7 de octubre en Palma por responsables de la Conselleria del Mar, incluidos técnicos y juristas, una reunión en la que se abordó expresamente la cuestión del desmontaje.
“Intenté reunirme antes. Pero, el director (general de Costas y del Litoral) de la Conselleria (Carlos Simarro Vicens) estaba de baja y me resultó imposible”, explicó Fernández a La Voz de Ibiza, precisando que la consulta se realizó igualmente ante responsables del área.
En ese encuentro, según relató, la respuesta fue inequívoca cuando se planteó la pregunta clave.
“¿Tienen que desmontar los chiringuitos?”, preguntó Fernández. La respuesta no dejó espacio a la duda: «Vosotros habéis firmado esto y esto lo tenéis que cumplir», una afirmación que refuerza la tesis de que la obligación era conocida, explícita y respaldada por informes técnicos y jurídicos.
“Se consultó a la Conselleria del Mar, se consultó a Demarcación de Costas, a todo el mundo. Y todo el mundo dijo ‘tenéis que desmontar’”, detalló Fernández, añadiendo que esa posición quedó plasmada en un informe técnico firmado por el responsable del contrato y por la jurista correspondiente.
La denuncia de “persecución” de Juanjo Costa
Juanjo Costa también ha dedicado una parte relevante de su escrito a denunciar lo que considera un control desproporcionado sobre su chiringuito, al asegurar que desde el inicio de la actividad ha sido objeto de un número inusual de inspecciones por parte de distintas administraciones.
Según relata, desde la apertura del lote 43 de Migjorn el 28 de julio de 2024 ha recibido al menos 18 inspecciones o visitas de control, realizadas por servicios del Consell de Formentera, agentes de Medio Ambiente, Policía Local, responsables del contrato, dirección insular de Litoral, agentes de Costas, técnicos del Govern balear e incluso efectivos del Seprona.
Costa afirma que esta situación le ha obligado a dedicar “más tiempo en estos asuntos que en la propia explotación del negocio”, y sostiene que, pese a las reiteradas inspecciones, echa en falta una relación fluida entre la administración y los concesionarios.
El responsable del “Xiringuito Amar” también cuestiona públicamente el enfoque del Consell, al señalar que la institución insular ha difundido notas de prensa en las que “orgullosos, dicen haber detectado más de 70 faltas entre los concesionarios de playa”, una cifra que, a su juicio, no se corresponde con la realidad del trabajo diario en los establecimientos.
En ese sentido, Costa sostiene que “no somos perfectos”, pero considera que algunas propuestas de sanción resultan “realmente cuestionables”, citando como ejemplo “una foto de una botella de plástico dentro de una papelera de cartón” o la falta de visibilidad de determinados carteles, una cuestión que, según afirma, lleva tiempo reclamando que se le indique cómo debe resolverse.
Un cúmulo de faltas graves
Sin embargo, nada dice Costa del cúmulo de faltas graves detectadas y avanzadas por La Voz de Ibiza. Es que, además de la doble insumisión por no retirar las estructuras en invierno, se comprobó que su chiringuito no era desmontable y la falta del acta de reconocimiento previo.
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Por otra parte, se denunció que se había montado una especie de tienda, con venta de gorras y sombreros de pescador. Incluso, se había instalado un espejo para que las personas puedan probarse la indumentaria a la venta.
El chiringuito Amar también ha sido denunciado por la “instalación de tubería de saneamiento de aproximadamente 270 metros lineales bajo la pasarela para dar servicio al quiosco situado en playa Mitjorn”, lo que implica una invasión del dominio público no otorgado.
Y se han detectado “vertidos no autorizados”, al igual que a Briss y Bartolo.
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