Miente, miente que algo quedará. Esa es la estrategia -una vez más- que ha impulsado Sa Unió para expulsarse las culpas y echar el balón bien lejos de su territorio en el escándalo por los chiringuitos de Formentera, después de que el Govern balear haya incoado expediente sancionador por los incumplimientos “esenciales” del título habilitante y que, según todos los indicios, acabará con la caducidad de la concesión más pronto que tarde.
El Consell de Formentera ha plasmado en la alegaciones presentadas el lunes 2 de febrero una argumentación que va desde lo inaudito hasta lo surrealista, con un ataque furibundo de la administración incumplidora hacia el Govern que en este caso se ha limitado a aplicar la normativa y que no deja dudas de que las faltas documentadas -entre ellas el no desmontaje- darán lugar a la “caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda”.
Ello siempre en base a la nota de prensa ya que el gobierno del Consell de Formentera se ha negado a facilitar a este medio copia íntegra de las alegaciones así como el supuesto informe jurídico sobre las que se han basado y que es absolutamente contradictorio, en teoría, con el informe firmado por técnicos de la institución en el que se reiteró al obligación de desmontar bajo gobierno de Llorenç Córdoba.
Así, ha calificado de “injusta y desproporcionada” la decisión propuesta por los sendos informes técnico y jurídico de la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua y acusa de “graves deficiencias en el procedimiento iniciado”.
Sin embargo, cae en una serie de incongruencias y argumentos forzados que terminan desnudando las propias complicidades de Sa Unió con los actuales concesionarios de los quioscos de playa, a los que ha defendido por sobre los intereses del Consell, que va desde aprobar un concurso salpicado por las irregularidades y sospechas de amaño hasta “cajonear” las inspecciones realizadas para evitar la apertura de los expedientes sancionadores.
De hecho, el Consell de Formentera pasó de poner firmes pasó a ponerse de su lado tras la moción de censura de Sa Unió apoyada por GxF y PSOE frente al, de momento, ganador moral de todo este embrollo.
Todo esto lo acerca a una derrota política, además de un perjuicio turístico, a pocos meses de las elecciones del próximo año: quedarse sin quioscos, servicio de socorrismo y escuelas de vela este verano.
La deficiente gestión de los chiringuitos de Sa Unió
En su defensa pública, el Consell Insular ha manifestado que “no ha cometido ningún incumplimiento de las condiciones esenciales del título otorgado en abril de 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica”.
Sin embargo, ya en el informe de los técnicos del Govern se hacía hincapié en las complicidades del gobierno de Sa Unió con los concesionarios de los chiringuitos.
Durante sus actuaciones, la Conselleria del Mar había trasladado al Consell “7 puntos resaltados a subsanar”. Sin embargo, en cinco de ellos no respondió, en otro no aportó la documentación correspondiente y en uno solo brindó una respuesta coherente.
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Los técnicos del Govern cuestionan que «no se aporta acreditación ni documentación detallada para subsanar y para disponer de más documentación para determinar el alcance de los posibles incumplimientos en relación a la OM de otorgamiento”.
Por caso, solicitaron al consistorio la acreditación de “si los quioscos eran fácilmente desmontables”. Sin embargo, el Consell “no aporta documentación alguna del fabricante de los quioscos ni nada similar”.
Solo se limita a responder que “los materiales con los que están construidos son materiales ligeros y fácilmente transportables, sin cimentaciones permanentes ni anclajes de hormigón. Los quioscos-bar, en general, son de madera y/o de otros materiales, ya sea en forma individual o en forma de paneles unidos entre sí, con clavos y/o tornillería, lo que permite su desmontaje retirando los elementos que los unen».
En ese contexto, el informe técnico de la Conselleria pudo determinar que “como mínimo 3 de ellos no son desmontables (Es Pujols del lote 24, Es Mitjorn lote 43 y Cala Saona lote 3); 2 lo serían con condiciones (Quiosco Arenals lote 35 y es Copinar lote 27); y sólo 3 son aparentemente desmontables (Arenals lote 38, Es Marí lote 50 y Es Pujols lote 19)”.

Tampoco presenta los planos ‘as built’ necesarios para poder determinar los metros cuadrados de ocupación de la concesión ni los certificados finales de obra ni los certificados de final de obra.
Además de la reclamación por la situación de los baños y de la falta de respuestas sobre la finalización de las obras de la escuela de vela Es Pujols, otro de los puntos principales que deja en evidencia la mala gestión institucional es la falta de cumplimiento de los plazos de ejecución.
Según el informe, “las obras debían estar iniciadas antes del 25 de noviembre de 2023 y finalizadas como máximo el 25 de noviembre de 2024”. No obstante, el acta de replanteo parcial no se realizó hasta marzo de 2024, y la Escuela de Vela de Es Pujols —uno de los elementos clave de la concesión— aún no ha sido ejecutada.
El Govern también reclamó por la ausencia de documentación técnica obligatoria, que el Consell debía aportar al finalizar las obras: no se ha presentado el certificado final de obra, ni el proyecto de construcción, ni los planos «as built».
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Esta documentación es imprescindible para que la administración autonómica pueda verificar si las construcciones se ajustan al proyecto autorizado. La falta de estos documentos compromete la validez legal de la concesión y vulnera las condiciones impuestas en la Orden Ministerial de 2023.
El Consell también ha ejecutado modificaciones no autorizadas de la ubicación de algunos quioscos, en concreto los dos de Els Arenals, cambiando su emplazamiento sin seguir el procedimiento legal ni obtener autorización previa.
Tampoco se designó un director de obras o técnico competente, tal como exige el artículo 85 del Reglamento de Costas. Esta omisión infringe las condiciones técnicas de ejecución y constituye un defecto de forma grave, pues no se garantiza que las instalaciones se hayan realizado bajo supervisión profesional adecuada.
La inacción del Consell
Tal como avanzara La Voz de Ibiza, los pliegos de la licitación contemplan que, ante tres faltas graves o sus equivalentes acumuladas por los licenciatarios, el Consell tiene la potestad de retirar la concesión.
Sin embargo, este mecanismo nunca fue activado por el Consell, teniendo en cuenta que varios de los chiringuitos ya se encuentran en esa incómoda posición.
Los ocho chiringuitos ya afrontaban un expediente abierto por la insumisión de no desmontar el invierno pasado.
Además, se habían corroborado que durante la temporada 2024 no estaban cumpliendo con la obligación de disponer de servicio de socorrismo durante las horas de apertura, una condición que figura en el pliego de concesión como esencial para la seguridad en las playas.
También se habían documentado otra serie de irregularidades como la falta del acta de reconocimiento previo, la instalación de algunos quioscos en zonas inundables, sobre dominio público no otorgado o zonas no autorizadas y vertidos de aguas residuales.
En julio pasado Sa Unió reconoció que no se había iniciado ningún expediente sancionador como consecuencia de las actas levantadas durante 2024 por las irregularidades detectadas y los incumplimientos de los pliegos.
En julio del año pasado, la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, había confesado que estaban trabajando “para evitar que esto vuelva a pasar, que las inspecciones no se queden en un cajón, que se tramiten los expedientes”.
Con esto, se han dejado caducar las infracciones contra las hamacas ya que el contrato es anual. Sin embargo, la de los chiringuitos no caducan, por lo que se pueden seguir tramitando. Aunque por la inacción del Consell no se ha avanzado ni un paso.
La (débil) defensa de Portas
En una entrevista con Onda Cero, el presidente del Consell, Óscar Portas, ha reiterado los débiles argumentos esgrimidos por el consistorio en la nota de prensa de la semana pasada y sobre la que se sustentan las alegaciones ante la Conselleria del Mar.
En tal sentido, ha dicho que «los incumplimientos relacionados con el desmontaje de algunos kioscos no pueden imputarse al Consell, sino que deben tratarse de manera individualizada con cada concesionario, tal como prevén los contratos y los expedientes sancionadores ya abiertos». Esto ignorando la inacción expresa del propio equipo de Gobierno.
Al igual que en la nota de prensa del Consell, Portas ha manifestado que se trata de una medida «injusta y desproporcionada» y reiteró la supuesta irregularidad de forma en la tramitación del expediente: «No se notificó a los adjudicatarios de los distintos lotes en una medida que podría ser una falta grave que podría incluso invalidar el procedimiento».
Por lo que entiende que esto «dificulta que la caducidad pueda prosperar» y que el escenario de un verano sin chiringuitos «no es realista» ya que las alegaciones presentadas por el Consell «impedirán que el procedimiento avance», según ha manifestado Portas en Onda Cero.
Sin embargo, el presidente del Consell ignora un punto clave: el expediente iniciado por el Govern es contra la concesión otorgada al Consell que luego licitó esos espacios del litoral y no directamente contra los concesionarios de los quioscos bajo sospecha.
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