El caso de la brutal agresión machista ocurrida el pasado domingo en Sant Antoni suma nuevas contradicciones. Fuentes judiciales de la sección de Violencia sobre la Mujer han confirmado que no consta en el procedimiento judicial ninguna petición para ampliar la orden de alejamiento del agresor de 100 a 300 metros, como se había apuntado públicamente.
En este sentido, han detallado en diálogo con IB3 que no figura ningún escrito de recomendación por parte de los operadores de la Sala Cometa, con fecha 8 de enero, solicitando esa ampliación de la orden de alejamiento para reforzar la seguridad de la víctima.
De hecho, según estas mismas fuentes, 24 horas antes —el 7 de enero— se celebró un juicio rápido en el que el agresor fue condenado a una orden de alejamiento de 100 metros y se acordó por primera vez la imposición del control telemático mediante pulsera.
A estas revelaciones se suma lo recogido en el atestado de la Guardia Civil, que, según fuentes judiciales y Radio Ibiza, apunta a un funcionamiento “errático” del sistema de protección. La alerta emitida desde la Sala Cometa se recibió cuando los agentes ya se encontraban en el domicilio donde se produjo la agresión e incluso cuando el presunto autor ya había sido detenido.
Este extremo pone en cuestión la eficacia del protocolo de activación en un caso de especial gravedad y contradice la versión ofrecida desde el primer momento por el Ministerio de Igualdad, que sostuvo que el sistema había operado con normalidad.
Además, el entorno de la víctima ya había advertido de que el mecanismo de protección no se activó en el momento crítico. La familia ha señalado que la mujer llevaba dos años sufriendo amenazas y que fue a finales del pasado año cuando formalizó la denuncia. Según han explicado, cuentan con elementos que acreditarían que la pulsera antimaltrato no funcionó el día de la agresión.
Mientras se esclarecen las circunstancias y se analizan las posibles responsabilidades, la víctima continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica con pronóstico reservado.
El presunto agresor, por su parte, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden judicial, a la espera de que avance la investigación.
