Una sanción de 20.000 euros impuesta por el Consell de Ibiza a un trabajador que vive en una autocaravana en Cala Codolar (Sant Josep) ha vuelto a tensar el conflicto entre la institución insular y el colectivo de autocaravanistas en Ibiza. La denuncia fue formulada el 4 de marzo a las 13.20 horas, según el boletín al que ha tenido acceso La Voz de Ibiza, y se basa en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2024 de limitación de vehículos, que prohíbe estacionar estos vehículos en suelo rústico fuera de los espacios habilitados.
-
Ibiza declara la guerra a las caravanas: ya tramita 30 multas y promete cero tolerancia este verano
-
Limitación de vehículos en Ibiza: sanciones desde el primer día y más cámaras en 2026
El documento señala que la autocaravana “aparca, pernocta y/o acampa en suelo rústico fuera de los aparcamientos habilitados para ello” y añade que “permanece estacionado en el mismo sitio por más de tres días”, circunstancia que constituye la infracción. La sanción propuesta asciende a 20.000 euros, una cuantía que el colectivo considera inédita y que ha provocado una fuerte reacción entre los afectados.
Desde la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), su portavoz Jesús Gallardo ha calificado la multa de “aberrante y desproporcionada” y sostiene que la administración pretende enviar un mensaje disuasorio antes de la temporada turística. “Esto es aberrante. Le han buscado la ruina a este hombre por estar tres días estacionado en el mismo lugar”, afirma en declaraciones a este medio.
Gallardo sostiene que el sancionado es un trabajador residente en la isla que vive en su autocaravana, y denuncia que el importe de la sanción es inasumible. “En un país democrático no se puede arruinar a una persona con 20.000 euros por esto”, señala.
El portavoz de PACA asegura además que el afectado ha optado por no hablar públicamente por miedo a posibles represalias administrativas. “La gente tiene miedo de salir en prensa porque creen que luego les pondrán más sanciones”, afirma.
En redes sociales, PACA ha enfatizado esta indignación que siente el sector: «ESTO ES UN ATRACO DE LA ADMINISTRACIÓN. Tiene más sanción estacionar una autocaravana tres días en el mismo lugar que cometer un delito o una ocupación de una vivienda»
“Quieren que la gente se asuste”
Para Gallardo, el expediente es un ejemplo de la política restrictiva que el Consell aplica hacia este tipo de vehículos desde la aprobación de la ley de limitación de vehículos. “Esto es para que la gente se asuste y se sienta amedrentada y no vaya a Ibiza con autocaravana”, asegura.
El representante de PACA denuncia además lo que considera una “discriminación” frente a otros casos de ocupación irregular de viviendas. “A un ocupa no le pasa nada, pero a un trabajador que vive en su autocaravana le ponen 20.000 euros”, critica.
El colectivo insiste en que el problema no es la existencia de normas, sino la falta de alternativas reales para quienes viven o trabajan en la isla. Según Gallardo, la única opción que actualmente se ofrece es acudir a campings privados con precios que rondan los 60 euros diarios, una solución que muchos trabajadores no pueden asumir.
Primera sanción de este tipo
Desde la plataforma aseguran que este es el primer caso en el que reciben un boletín con una sanción tan elevada, ya que hasta ahora la mayoría de intervenciones se habían limitado a avisos o advertencias. Gallardo considera que el expediente podría acabar reduciéndose durante la tramitación administrativa.
“Mi opinión es que finalmente podrían dejarla en una sanción de entre 300 y 600 euros, pero el baremo de hasta 30.000 euros que fija la ley es desorbitado”, explica.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el conflicto abierto entre el Consell de Ibiza y el colectivo de autocaravanistas, que en los últimos años han denunciado que las restricciones a este tipo de vehículos expulsan a trabajadores de la isla y criminalizan una forma de residencia temporal cada vez más extendida.
Críticas a la falta de soluciones del Consell
Los autocaravanistas sostienen que el Consell ha endurecido la normativa sin desarrollar previamente infraestructuras específicas para este tipo de vehículos. Desde PACA recuerdan que en reuniones mantenidas con la institución se planteó la creación de áreas habilitadas de estacionamiento y servicios, una medida que, según el colectivo, nunca se ha materializado.
Gallardo afirma que muchos usuarios de autocaravana en Ibiza son trabajadores vinculados al sector turístico, que recurren a este tipo de vivienda por el elevado precio del alquiler en la isla. En su opinión, la aplicación estricta de la normativa termina castigando a quienes no encuentran alternativas habitacionales.
“No quieren autocaravanas en la isla y por eso aplican esta ley tal cual”, sostiene el portavoz de PACA, que considera que la política del Consell busca “que lleguen turistas, pero que no se vean autocaravanas”.
Según el colectivo, la falta de espacios habilitados y el aumento de controles puede provocar que muchos trabajadores que utilizan este tipo de vehículos abandonen Ibiza, en un contexto de creciente dificultad para encontrar vivienda asequible en la isla.
Cuestionamientos a la ley de limitación de vehículos
Los autocaravanistas también cuestionan la base jurídica de la Ley 5/2024 de limitación de vehículos, al considerar que invade competencias estatales y restringe derechos reconocidos por la normativa de tráfico. Desde la plataforma PACA sostienen que la Dirección General de Tráfico distingue claramente entre estacionar y acampar, permitiendo pernoctar dentro de un vehículo siempre que esté correctamente estacionado y no despliegue elementos externos, por lo que sancionar esa situación supondría, a su juicio, una interpretación excesiva.
El colectivo también denuncia que la norma impide en la práctica que trabajadores empadronados en la isla puedan residir en autocaravanas, una fórmula que muchos utilizan ante el elevado precio del alquiler en Ibiza. Además, critican que la regulación obligue de facto a alojarse en campings privados, con tarifas que pueden rondar los 60 euros diarios, y que establezca sanciones que llegan hasta los 30.000 euros, un régimen sancionador que consideran “desproporcionado” y diseñado para disuadir la presencia de estos vehículos en la isla.
