El Consell de Ibiza tiene clara su estrategia jurídica para bloquear más de 10.000 solicitudes de licencias VTC en la isla. Dicha estrategia incluye dos argumentos distintos para denegar las autorizaciones según cuándo han sido pedidas.
El principal de estos argumentos se basa en que, a partir de la aprobación del reglamento del taxi y las VTC, se requiere una autorización urbana municipal antes de solicitar la insular. Así lo ha explicado el director insular de Transportes, Roberto Algaba, a Radio Ibiza.
En concreto, alrededor de 6.500 solicitudes presentadas después de 2023 serán denegadas directamente por no disponer de esa autorización urbana, un documento que deben conceder los ayuntamientos y que se ha convertido en la piedra angular de la estrategia jurídica del Consell para frenar la avalancha de peticiones de vehículos de transporte con conductor.
Más allá de esas 6.500 solicitudes posteriores a 2023, hay otros 5.400 solicitudes de licencias VTC que no están afectadas por el actual reglamento y que el Consell confía en poder denegar en la vía judicial. Según ha indicado Algaba, el Consell ya había realizado, antes del denominado decreto Ábalos de 2018, un estudio de saturación que servirá para denegar licencias VTC. Pero incluso si los tribunales exigen otorgar algunas licencias, el Consell exigirá una estricta lista de requisitos. Por ejemplo, que dispongan en la isla todos los vehículos autorizados o que cuenten con los seguros correspondientes.
Clave del nuevo reglamento
La exigencia de la licencia urbana municipal ya había sido señalada por La Voz de Ibiza como el elemento decisivo para controlar el crecimiento de las VTC en la isla. Este medio explicó que los ayuntamientos tendrían la “llave” para decidir el futuro de miles de solicitudes, ya que sin esa autorización municipal el Consell no puede otorgar la licencia autonómica necesaria para operar.
El gran temor del sector del taxi era precisamente la posible entrada masiva de VTC si no se establecía un filtro efectivo, ya que durante la moratoria se presentaron miles de solicitudes en previsión de un cambio normativo.
Posible batalla judicial
En las horas previas al fin de esa moratoria y a la aprobación del reglamento, este medio ya había advertido de las dudas jurídicas que planeaban sobre el proceso, ante la posibilidad de que las empresas del sector recurrieran las nuevas condiciones.
En ese sentido, la estrategia del Consell podría desembocar en una batalla judicial con el sector de las VTC. La patronal Unauto ya había anunciado su intención de recurrir el requisito de la autorización urbana municipal, al considerar que supone una doble autorización administrativa —la del Consell y la municipal— que, a su juicio, no debería exigirse.
Consultado por La Voz de Ibiza sobre esa posibilidad, el Consell mantiene su confianza en la solidez de su planteamiento jurídico.
En este contexto, el requisito municipal se consolida como la principal herramienta institucional para limitar la expansión de las VTC en Ibiza, aunque el desenlace final podría depender de los tribunales si prosperan los recursos anunciados por el sector.
