El Parlament balear tramita un paquete de enmiendas a la Ley 4/2014 de transportes dentro de la ley de medidas en curso, en un proceso que deberá pasar por comisión y posterior votación en pleno en las próximas semanas. Las propuestas han sido registradas por PP, PSIB y grupo mixto y afectan tanto al modelo del taxi como al alcance de la regulación sobre las VTC.
El PP introduce por primera vez el permiso insular de taxista
Una de las principales novedades del paquete procede de las enmiendas del PP es que modifican el régimen de habilitación profesional. El nuevo redactado establece que “para conducir vehículos con licencia de autotaxi se requiere el permiso municipal o insular de taxista”.
En la redacción original de la Ley 4/2014, el sistema se articulaba únicamente en torno al permiso municipal. La incorporación del ámbito insular introduce una nueva escala administrativa que permite reorganizar el servicio más allá del municipio.
Ahora, según han explicado desde el Govern, se impulsa la creación de «una nueva tipología: el permiso insular». Según explican desde la Dirección General de Movilidad y Transportes, «se trata de una medida de simplificación administrativa, estandarización del servicio y mejora de la competitividad del sector». Según la iniciativa, será «cada ayuntamiento o área de prestación conjunta quien decide si se adhiere o no. Es similar a la tarifa única de taxi, aplicable en Mallorca, a la que ya se han adherido 24 ayuntamientos, que representan más del 88 % de las autorizaciones de taxi».
Piden ampliar la inspección a «actividades auxiliares del transporte»
Otra modificación relevante del PP afecta al alcance del control administrativo. El nuevo texto establece la posibilidad de “inspeccionar, controlar y vigilar (…) actividades auxiliares (…) realizadas por empresas privadas que no tienen como función principal el transporte”.
Es decir, se amplía el perímetro de actuación de la administración más allá de los operadores de transporte en sentido estricto. «Se introducen mecanismos de transparencia para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, de la Seguridad Social y del marco normativo. Se regula la obligación de comprobar que los servicios asignados cuentan con la autorización correspondiente», han puntualizado desde el Govern.
En una línea similar, las enmiendas del PSIB atribuyen al Govern la función de “planificar y ordenar (…) las actividades de intermediación en transporte de viajeros”.
Hasta ahora, la Ley 4/2014 regulaba el transporte, pero no incluía de forma directa a los actores que organizan o intermedian en la prestación del servicio. Aunque con formulaciones distintas, las enmiendas del PP y del PSIB coinciden en ampliar el control sobre los intermediarios del transporte.
El PP lo hace al incluir las “actividades auxiliares” dentro del ámbito de inspección, mientras que el PSIB introduce de forma expresa la “intermediación” como objeto de planificación.
En la práctica, ambas líneas se solapan al permitir actuar sobre empresas que no prestan directamente el servicio de transporte, pero que participan en su organización o gestión. La referencia a la intermediación en el transporte de viajeros se formula en términos abiertos, sin delimitar tipos concretos de operadores.
Esta redacción permite interpretar que el nuevo marco podría abarcar tanto plataformas digitales como Uber pero también centrales de radio taxi, en función de su desarrollo reglamentario.
A la espera del Govern
Las enmiendas del grupo mixto se centran en modificaciones puntuales del texto legal, incluyendo la supresión o ajuste de determinados apartados del reglamento recientemente aprobado.
Estos cambios no introducen nuevas figuras en el sistema, pero sí afectan a la redacción y coherencia del marco normativo vigente.
La Voz de Ibiza ha consultado a la Consellería de Movilidad sobre el alcance de los cambios que impulsa el Govern, sin haber obtenido respuesta hasta el momento.
