Las ayudas anunciadas por el Govern balear para amortiguar el impacto económico del conflicto en Oriente Medio, y las que promete anunciar el Consell de Ibiza para complementarlas, son bien recibidas en el empresariado pitiuso, aunque sin lanzar las campanas al vuelo. El vicepresidente de Pimeef, Alfonso Rojo, considera que medidas como las líneas de financiación en condiciones ventajosas, los bonos al consumo y la revisión de contratos públicos pueden servir de colchón para muchas empresas, pero advierte de que parte del golpe ya ha llegado al mercado y ha empezado a reflejarse, aunque sea de forma limitada, en los precios.
Rojo, que participó en la Mesa de Diálogo Social celebrada este lunes en el Consell de Ibiza, explicó a La Voz de Ibiza que el objetivo compartido entre administraciones y agentes económicos pasa por impedir que la escalada de costes derivada del conflicto termine disparando la cesta de la compra. “Se va a intentar apoyar al sector primario”, señaló, aludiendo especialmente a agricultores, ganaderos, pescadores y cooperativas, donde “el tema del combustible tiene un peso importantísimo” y donde también se han encarecido con fuerza “los insumos, los fertilizantes”. Se trata del mismo mensaje enfatizado por el presidente insular, Vicent Marí, que planteó las ayudas del Govern y las futuras medidas del Consell como un “dique de contención” frente al alza de precios.
Según ha señalado Rojo, las medidas impactarán de forma distinta en función del sector. Pero, en todo caso, la economía pitiusa ya ha tenido que absorber un primer incremento de costes derivado del conflicto en Oriente Medio y ese arrastre ya ha empezado a tener reflejo en el bolsillo del consumidor.
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Las ayudas del Govern
El paquete autonómico, presentado por el Govern como una primera respuesta anticrisis, moviliza alrededor de 161 millones de euros. Incluye 75 millones en líneas de liquidez y financiación a través de ISBA para empresas y autónomos, unos 37 millones en ayudas directas a sectores especialmente afectados —entre ellos transporte, primario, comercio, industria y construcción—, medidas fiscales y administrativas y una partida de 45 millones para revisar precios de contratos públicos. El propio Ejecutivo autonómico ha defendido que el plan busca “proteger a las empresas, preservar el empleo y evitar el incremento de costes en la cesta de la compra”.
Para Pimeef, una de las claves está en el acceso a financiación barata. Rojo cree que permitir a las empresas acogerse a créditos blandos puede dar oxígeno en una coyuntura de márgenes cada vez más estrechos. “Entiendo que es bueno, que ya no vas a tener esa espada de Damocles de decir: oye, que me quedo sin rentabilidad, no puedo acceder a crédito”, resumió. A su juicio, disponer de ese colchón financiero puede evitar que muchas empresas entren en una dinámica de asfixia en plena escalada de costes.
A eso suma el posible refuerzo de los bonos de comercio, una medida que, a su juicio, puede tener un doble efecto: ayudar al consumidor e inyectar gasto en el pequeño y mediano comercio. “Es un bono que te van a dar para gastar, no es para meterlo en el bolsillo”, explicó. Y añadió: “Eso va a hacer que circule el dinero”. La patronal aprecia así valor en aquellas herramientas que no solo compensan sobrecostes, sino que también sostienen la actividad y empujan el consumo.
Con todo, Rojo deja claro que la contención tiene límites. Explica que las empresas han absorbido durante los primeros días parte del impacto del encarecimiento de los fletes y del combustible, pero que desde mediados de marzo ya han empezado a repercutir esa subida al precio final. “Los primeros quince días no hemos transmitido eso al precio del producto, pero ya desde el lunes 16 de marzo hemos incrementado esa parte proporcional de los aumentos que hemos tenido en los fletes”, aseguró. También matiza que no se trata de subidas bruscas: “Estamos hablando de cantidades pequeñas” y “de céntimos que se van a ir a cada unidad que se vende”.
En paralelo, Pimeef reclama que la Administración no se quede solo en la foto del anuncio. En sectores como la construcción y en empresas que prestan servicios públicos con precios cerrados hace años, la patronal pide revisar contratos para evitar que los sobrecostes conviertan esas adjudicaciones en actividades inviables. Rojo lo resumió así: “Ahora mismo las empresas no pueden estar haciendo servicios a la Administración con precios pactados hace dos años”. El Govern ha incluido fondos para esa actualización de precios y el empresariado ha pedido al Consell que actúe con la misma lógica en servicios de su competencia, como residencias o guarderías.
Transportistas, los más castigados por el golpe del combustible
Si hay un sector que en Pimeef señalan como el más expuesto en esta crisis es el del transporte. Rojo sostiene que los profesionales llevan semanas soportando un alza muy fuerte del gasóleo y que las ayudas aprobadas hasta ahora alivian, pero no tapan el agujero.
Según explica, los transportistas han denunciado incrementos de entre 50 y 60 céntimos por litro, mientras que las ayudas estatales apenas compensan una parte de ese sobrecoste. “Ellos ya han dicho que han sido totalmente insuficientes”, afirmó sobre la valoración del sector. En esa misma línea, detalló que las ayudas “rozan los 20 céntimos”, por lo que “les ha aminorado prácticamente un 33% de los aumentos que ellos han visto repercutidos”.
La expectativa empresarial es que la aportación del Govern permita elevar ese porcentaje de cobertura, pero aun así el sector sigue lejos de quedar completamente resarcido. “No es lo mismo asumir 60 céntimos por litro de gasóleo a tener que asumir 18”, subrayó. En Ibiza, además, el problema se multiplica por la insularidad. “Dependemos totalmente del transporte marítimo de mercancías”, recordó Rojo, antes de lanzar la advertencia más clara: “Todo lo que los compañeros del transporte tengan que poner encima de aumento lo vamos a sufrir los ciudadanos”.
Vivienda y temporeros: una urgencia que sigue sin solución inmediata
La otra gran preocupación que afloró en la Mesa de Diálogo Social fue la vivienda ligada a la temporada. Rojo explicó que Pimeef volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de habilitar módulos habitacionales para trabajadores temporales en determinadas zonas, como una salida a medio plazo ante la falta de alojamiento y el problema del hacinamiento.
La patronal insiste en que no se puede normalizar que trabajadores lleguen a la isla y acaben compartiendo habitaciones o viviendo en pisos saturados, sin privacidad ni condiciones mínimas para desarrollar una temporada con normalidad. “Lo que no podemos permitir es el hacinamiento en pisos”, advirtió Rojo. Y fue más allá al describir la realidad que detectan muchas empresas: “Puede ser un sitio para dormir, pero no hay un espacio donde tú puedas realizar una temporada con normalidad”. A su juicio, cuando un trabajador acaba en una habitación compartida y sin intimidad, “prácticamente estarías metido en tu habitación solamente”.
La propuesta de los módulos habitacionales, sin embargo, no llegará a tiempo para este verano. Sin embargo, Rojo señala que la idea está sobre la mesa, en estudio, aunque pendiente de cambios urbanísticos y de una tramitación lenta.
El Consell también recordó en la Mesa las medidas impulsadas por el Govern en materia de acceso a la vivienda, entre ellas la nueva ley de proyectos residenciales estratégicos y la previsión de unas 388 viviendas en Ibiza.
