La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental ha frenado el avance del proyecto de un parking promovido por Cala Bassa Beach Club S.L. y obliga ahora a someterlo a una evaluación de impacto ambiental ordinaria (un trámite más exigente que el seguido hasta ahora) antes de decidir sobre su viabilidad en un enclave protegido. La Consellería de Vivienda, Territorio y Movilidad lo considera necesario para descartar que la actuación “pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente”. Entre otras cuestiones, reclama un plan de autoprotección contra incendios, un estudio geotécnico para descartar hundimientos o subsidencias y medidas más sólidas para evitar que posibles derrames acaben en el torrente y el mar durante episodios de lluvias intensas.
Cala Bassa lleva años soportando una fuerte presión de tráfico y estacionamiento en temporada alta, y el proyecto examinado por el Govern busca regularizar una zona donde ya se aparca de forma no regulada. La propuesta prevé ordenar una superficie de 5.747,67 metros cuadrados con 200 plazas para coches, seis de ellas para personas con movilidad reducida, y 35 para motocicletas.
Sin embargo, la resolución subraya que el entorno presenta una combinación de factores delicados: riesgo de incendio forestal, proximidad del torrente del Canal de Cala Bassa, presencia de hábitats sensibles, suelo protegido y dudas sobre la estabilidad del terreno. A eso se añade otra incógnita que el Govern obliga a aclarar: qué ocurrirá con otras bolsas de aparcamiento próximas que, según los informes incorporados al expediente, también se han venido utilizando en la zona.
Posibles riesgos
Uno de los principales frentes es el de los incendios forestales. El documento sitúa el aparcamiento en una zona con riesgo moderado de incendio y rodeada parcialmente por áreas de riesgo alto y extremadamente alto, lo que ha llevado al Govern a exigir un plan de autoprotección contra incendios que incorpore medidas del INFOBAL y que, además, sea compatible con la conservación de los hábitats que rodean el espacio que se pretende regularizar.
La resolución también pone el foco en la seguridad del terreno. A poca distancia del área proyectada se cita la presencia de una dolina, además de cavidades costeras y materiales poco consolidados, por lo que el Ejecutivo autonómico reclama un estudio geotécnico para descartar hundimientos o subsidencias y asegurar la estabilidad estructural del aparcamiento antes de cualquier autorización.
Otro de los riesgos que quiere despejar el Govern afecta al agua y al litoral. El expediente advierte de que el aparcamiento está próximo al torrente del Canal de Cala Bassa, dentro de su zona de policía, y cuestiona que las medidas previstas sean suficientes para evitar que, en episodios de lluvias intensas, posibles derrames accidentales de aceites u otros contaminantes acaben arrastrados por escorrentía hasta el torrente y, finalmente, al mar. Por eso obliga a ampliar las medidas preventivas y correctoras frente a estos vertidos.
Contexto del proyecto
El entorno en el que se quiere ordenar el estacionamiento explica buena parte de esas cautelas. La resolución recuerda que el proyecto se ubica en suelo rústico protegido, en área catalogada como ANEI y, en parte, como Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección, además de encontrarse cerca de hábitats sensibles y en un enclave con valores naturales especialmente elevados. Ese contexto ambiental ha pesado para que el Govern eleve el nivel de exigencia de la tramitación.
El propio expediente añade una segunda duda de fondo: el proyecto no aclara qué ocurrirá con otras bolsas de aparcamiento cercanas que también se estarían utilizando en el entorno de Cala Bassa. La resolución obliga expresamente a detallar el estado actual de esas áreas y las actuaciones previstas sobre ellas, de modo que las administraciones afectadas puedan informar con una visión de conjunto y no solo sobre la parcela concreta que ahora se pretende regularizar.
En esa línea, el Consell de Ibiza apreció que la regulación del estacionamiento en la zona concreta del proyecto podría mejorar el impacto del actual descontrol y llegó a concluir que la actuación “no presenta afecciones significativas sobre la realidad ambiental de la zona de implantación”, aunque al mismo tiempo reclamó la eliminación y restauración del resto de sectores donde existe ocupación no regulada dentro de la misma parcela, pero a la vez reclamó la eliminación y restauración del resto de sectores donde existe ocupación no regulada dentro de la misma parcela. Por su parte, Amics de la Terra cuestionó que el expediente permita saber si la nueva ordenación reducirá o aumentará realmente la presión de vehículos sobre Cala Bassa y defendió estudiar alternativas externas, con aparcamientos fuera de la zona sensible y transporte lanzadera.
El proyecto defendía que la playa tiene una capacidad teórica de 1.295 usuarios y que, descontando una parte de accesos en transporte público o colectivo, la demanda potencial justificaría un número mayor de plazas que las finalmente previstas. Pero la resolución entiende que ese análisis no basta y exige un estudio ambiental más completo, con alternativas razonables y nuevas consultas públicas y sectoriales antes de que el expediente pueda seguir avanzando.
A corto plazo, la consecuencia es clara: la regularización del parking queda frenada y el promotor deberá rehacer parte de la tramitación con más documentación, más informes y una exposición pública más amplia. El caso de Cala Bassa vuelve a colocar en primer plano el choque entre la presión del coche privado en la costa y los límites ambientales de uno de los enclaves más sensibles del litoral de Sant Josep.
