La Conselleria de Vivienda del Govern balear intentó proteger al alcalde de Ibiza, Rafael Triguero (PP) en la irregular tramitación de la nueva Vivienda de Precio Limitado (VPL) promovida por la familia en un bajo ubicado en el mismo bloque del edificio del cotizado barrio de Can Misses en el que se encuentra el piso en el que habían estado viviendo hasta entonces, tal como avanzó La Voz de Ibiza. Y al hacerlo, sin saberlo, confirmó que Triguero incumple la ley.
La explicación es sencilla. El Govern exoneró a Triguero basándose en una premisa: que el alcalde no tiene la licencia de primera ocupación y que por tanto todavía no está obligado a inscribir la vivienda en el Registro autonómico de Viviendas de Precio Limitado. Esa premisa es falsa. Triguero tiene la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo. El alcalde le ocultó al Govern que la tiene, al igual que hizo con La Voz de Ibiza en el comunicado oficial.
Y como se la ocultó, todo el argumento que el Govern construyó para justificarle se desmorona. Porque las propias reglas que el Govern explicó a este medio condenan a Triguero en cuanto se introduce el dato que falta.
Lo que dijo el Govern
La Voz de Ibiza consultó a la Conselleria de Vivienda sobre la situación de la vivienda protegida de Triguero. La respuesta fue clara en un punto: «Una vivienda se debe inscribir en el registro autonómico de VPL a partir del momento en que se haya obtenido la licencia de primera ocupación«.
A partir de ese momento. Es la regla. La puso el Govern. Es su ley.
La Conselleria añadió que en el caso consultado, Triguero «se encuentra dentro de esa fase previa a la inscripción de la vivienda, por tanto dentro de plazo».
Fase previa. Dentro de plazo. El Govern entiende que Triguero todavía no ha llegado al momento en que nace la obligación. Todavía no tiene la licencia. Todavía no toca inscribir. Todo en orden.
Pero Triguero tiene la licencia desde el 6 de marzo. Hace dos meses…
La pieza que falta
Si el Govern hubiera sabido que Triguero tiene la licencia de primera ocupación desde marzo, su propia respuesta habría sido la contraria. Porque según sus propias reglas, la obligación de inscribir nace con la licencia. Y la licencia existe.
Y hay más. En la segunda respuesta, la Conselleria añadió una frase que no estaba en la primera: la inscripción «debe realizarse antes de que sea ocupada como residencia habitual por las personas beneficiarias». Antes de que sea ocupada. Triguero vive allí. Y no ha inscrito.
Con el dato real — licencia desde el 6 de marzo, familia residiendo desde hace semanas — las propias respuestas del Govern confirman dos incumplimientos. No ha inscrito la vivienda teniendo la licencia. Y la ocupa sin haberla inscrito. Son las reglas del Govern aplicadas a los hechos que el Govern desconoce porque Triguero no se los ha contado.
Lo que dijo Marta Vidal
Cuando el Govern aprobó el decreto que creó las Viviendas de Precio Limitado, la entonces consellera Marta Vidal explicó ante el Parlament que el Registro autonómico se creaba «para eliminar cualquier tipo de fraude«.
Dijo que los beneficiarios «no pueden ser propietarios al 100% de otra vivienda«. Dijo que eran «medidas pensadas para ayudar a que más gente pueda acceder a una vivienda».
La esposa de Triguero es propietaria al cien por cien de otra vivienda en el mismo edificio. La vivienda protegida no consta en el Registro que se creó para eliminar el fraude. Y el Govern ha construido una coartada para Triguero basándose en información falsa que el propio alcalde le ha proporcionado.
El Govern no ha mentido. Le han mentido.
