El pulso entre Uber y el Govern por el futuro del transporte con conductor en Baleares se traslada a los tribunales. La multinacional ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) contra el Decreto 6/2026, la norma con la que el Ejecutivo de Marga Prohens cerró el primer marco reglamentario integral que regula de forma conjunta el taxi y las VTC en el archipiélago.
El paso era previsible. El Decreto 6/2026, aprobado por el Consell de Govern el 20 de febrero, fue presentado por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad como el dique principal frente al aluvión de más de 10.000 solicitudes de autorizaciones VTC acumuladas desde 2023, unas 6.500 de ellas registradas en Ibiza. Frente a ese volumen, las islas cuentan hoy con 2.529 licencias de taxi en activo y 739 autorizaciones VTC, una cifra que el Govern considera ya en el límite de lo asumible para un territorio insular. El propio Ejecutivo llegó a calificar de «barbaridad» la posibilidad de absorber esa avalancha de nuevas autorizaciones.
Para evitarlo, el reglamento condiciona la concesión de futuras licencias a dos variables que han pasado a ser el corazón —y el flanco más controvertido— del decreto: la congestión del tráfico y la calidad del aire. Cuando en un determinado ámbito territorial se superen los valores límite anuales de NO₂, partículas finas u ozono, no podrán otorgarse nuevas autorizaciones, salvo que los vehículos sean cero emisiones.
A ello se suman otras palancas que afectan de lleno al modelo de negocio de Uber y de cualquier plataforma que aspire a desembarcar en Baleares: el principio de «cada VTC en su isla» —que pone fin a la operativa interinsular libre—, la equiparación de los requisitos para ejercer como conductor de VTC con los del taxi y la limitación de los precios dinámicos de las plataformas a un máximo del 75 % por encima de la tarifa habitual en momentos de alta demanda.
En este marco, la patronal Unauto-VTC ha cargado en repetidas ocasiones contra un texto al que acusa de adolecer de «carencias jurídicas relevantes» y de responder, según su tesis, a «decisiones arbitrarias y sectarias» destinadas a proteger al sector del taxi.
Batalla judicial
Con la presentación del recurso, el balón pasa ahora al TSJB, que será quien emplace al Govern como parte demandada para que se persone en el procedimiento y defienda la legalidad del decreto. Una vez recibido ese emplazamiento, el Ejecutivo dispone de un plazo de quince días para hacerlo. Solo después, cuando Uber formalice la demanda, se conocerán los argumentos jurídicos concretos sobre los que se sostiene la impugnación, aunque todo apunta a que el debate girará en torno a los mismos puntos sobre los que ya advirtió el Consell Consultiu en su dictamen previo a la aprobación: el encaje del modelo de Servicio Económico de Interés General con el que el Govern blinda al taxi, la fijación de cupos por isla y la compatibilidad de los criterios de denegación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que solo admite restricciones a la actividad económica por razones imperiosas de interés general y siempre de forma proporcionada.
Consultada por La Voz de Ibiza, la Dirección General de Movilidad del Govern Balear ha confirmado que tiene constancia de la interposición del contencioso por parte de Uber, pero ha explicado que la compañía «todavía no ha formulado la demanda», por lo que habrá que esperar a ese paso para «pronunciarse con más detalle» sobre los argumentos jurídicos en los que se apoyará la multinacional.
El Ejecutivo autonómico admite, en cualquier caso, que el escenario no le pilla por sorpresa: «Hay una gran judicialización de la normativa del sector, por lo que entraba en lo previsible que hubiera contenciosos contra el decreto», señalan desde Movilidad, que recuerdan que el reglamento «se ha elaborado teniendo en cuenta los numerosos pronunciamientos judiciales previos sobre normativas autonómicas y estatales» y que pasó por el informe preceptivo del Consell Consultiu.
Más allá de la respuesta judicial concreta, la Conselleria reivindica la filosofía del texto y vuelve a apoyarse en las cifras que motivaron su tramitación. «Este primer reglamento de taxi y VTC en las Illes Balears tiene un objetivo principal muy claro: garantizar la movilidad y fijar unos criterios objetivos que permitan regular el número de licencias y autorizaciones de taxi y VTC en un territorio insular, limitado y protegido como estas Islas», subrayan, antes de insistir en que las más de 10.000 solicitudes registradas solo en 2023 frente a las apenas 3.000 habilitaciones existentes en la actualidad demuestran «un volumen desproporcionado y medioambientalmente insostenible» que el decreto trata de ordenar «bajo parámetros de interés general, de sostenibilidad medioambiental y de gestión del transporte».
Este medio también ha pedido a Uber detalles sobre el recurso presentado, pero la compañía no ha brindado hasta el momento más información al respecto.
El recurso de Uber llega en un momento especialmente delicado para la norma. En el Parlament balear se tramitan en estos momentos sendos paquetes de enmiendas registrados por PP y PSIB dentro de la ley ómnibus, que apuntan a endurecer aún más el control sobre las VTC: revocación de autorizaciones por reincidencia, descansos obligatorios, posibilidad de regular el acceso a datos y algoritmos de las plataformas, e incluso la creación de un nuevo permiso insular de taxi. En otras palabras, el cerco que se busca imponer a plataformas como Uber no termina en el reglamento aprobado en febrero.
