El próximo lunes 12 de mayo, a las 10:00 horas, agentes de la Policía Local, técnicos municipales y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Ibiza se presentarán en la puerta del local ubicado en la calle Aragón, número 59, bajos, local 1. Lo que encontrarán al otro lado no es un supermercado, sino una infravivienda improvisada donde conviven entre diez y veinte personas en condiciones precarias, sin instalaciones sanitarias adecuadas ni suministro eléctrico seguro. Será la primera vez en más de dos años que alguien pueda entrar. No porque antes no lo hayan intentado.
2023: la primera orden que nadie cumplió
Todo arranca en septiembre de 2023, cuando el Ayuntamiento de Ibiza detecta que el antiguo local comercial de la calle Aragón ha sido transformado de forma ilegal en vivienda. El 26 de septiembre de ese año, la Alcaldía dicta la primera orden de suspensión del uso de vivienda. Nadie la cumple.
Tres semanas después, el 19 de octubre, el consistorio va un paso más allá y decreta el precinto del local. La Policía Local se persona en el lugar al día siguiente, pero no puede ejecutarlo. Los ocupantes no abren la puerta. Los agentes se van con las manos vacías.
2024: más decretos, más incumplimientos
Lejos de resolverse, el caso se enquista. En abril de 2024, el Ayuntamiento amplía la lista de responsables y dicta una nueva orden de cese inmediato, con un plazo máximo de 24 horas. Tampoco surte efecto.
En mayo de ese año, técnicos municipales y agentes de la Policía Local vuelven al local para comprobar si se ha producido el cese del uso. La puerta permanece cerrada. Desde el exterior, sin embargo, pueden observar enseres personales y pequeños electrodomésticos. Los vecinos del edificio confirman a los agentes que sigue habiendo entrada y salida de personas. El Ayuntamiento acuerda realizar comprobaciones periódicas.
En diciembre de 2024, el consistorio da un nuevo paso y ordena además el derribo de la compartimentación interior ilegal del local, construida sin licencia para dividir el espacio en habitaciones improvisadas. La orden vuelve a ser ignorada.
2025: diez personas, 800 euros al mes
En agosto de 2025, la Policía Local se persona de nuevo en el local. Esta vez, algunos de los ocupantes abren la puerta. Los agentes se entrevistan con ellos y comprueban que son diez personas las que conviven en el interior, aunque cuatro están ausentes en ese momento. Las condiciones son deplorables: el local carece de instalaciones sanitarias en condiciones y el suministro eléctrico representa un riesgo tanto para los ocupantes como para los vecinos del edificio. Algunos de ellos llegaron a pagar hasta 800 euros mensuales a un intermediario por un espacio que no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad.
La propia propietaria del local, Tomasa del Carmen García Vanrell, da su consentimiento al precinto y alerta del peligro que supone la situación. Pese a todo, el desalojo sigue sin ejecutarse.
2026: un juez abre la puerta
Agotadas las vías administrativas, el Ayuntamiento solicita en octubre de 2025 autorización judicial de entrada en domicilio. El Tribunal de Instancia de Palma la concede el 20 de marzo de 2026, con un plazo de vigencia de dos meses que vence el 20 de mayo. El reloj corre. El consistorio fija la fecha del desalojo para el 12 de mayo, con apenas días de margen.
El operativo del lunes será coordinado entre la Policía Local, los Servicios Técnicos Municipales y los Servicios Sociales, que atenderán a los ocupantes. Quienes no retiren sus pertenencias antes de esa fecha verán cómo son tratadas como residuos. Si fuera necesario, los técnicos procederán al tapiado del local para evitar futuras ocupaciones.
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