Los residentes de la veintena de caravanas instaladas en la zona de Sa Joveria, en el municipio de Ibiza, han comenzado a abandonar de forma voluntaria el asentamiento ilegal tras recibir el aviso de denuncia de la Policía Local. La mayoría son ocupantes que pagaban un alquiler al propietario de los vehículos y, ante el riesgo de sanción, han optado por marcharse antes de que empiecen las multas, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza y ha recogido el Periódico de Ibiza. Las unidades que ahora se retiran son las que quedaron fuera del gran operativo policial del 21 de abril, que desmanteló el mayor núcleo chabolista de la isla en el terreno privado colindante.
Una campaña de identificación previa
La Policía Local lleva días desplegada en el solar, situado detrás del hospital y del colegio público de Can Misses, en una campaña de identificación y notificación a los ocupantes. El objetivo, según ha explicado el director técnico de la Policía Local, Julián Córdoba, era recordarles la prohibición expresa de acampar y pernoctar en la vía pública antes de pasar a la fase sancionadora.
El lunes, los agentes entraron caravana por caravana para advertir de que las multas comenzarían a primera hora del día siguiente. El mensaje fue inequívoco: quien no se marchase recibiría una denuncia y, además, los vehículos desocupados serían retirados para su desballestamiento.
Multas de más de 2.000 euros
La advertencia ha surtido efecto. Las sanciones por acampar en suelo público en Ibiza pueden superar los 2.000 euros y los ocupantes, en su mayoría inquilinos del verdadero propietario de las caravanas, han preferido no exponerse. Según la información recabada por los agentes, prácticamente todo el asentamiento funcionaba bajo un mismo esquema de alquiler.
El propietario de los vehículos cobraba entre 400 y 600 euros mensuales por habitar en condiciones precarias en pleno arranque de la temporada, cuando el precio de la vivienda en la isla vuelve a dispararse. Las multas, sin embargo, recaerían sobre los inquilinos, que son quienes figuran como ocupantes efectivos del espacio público.
La frontera entre lo privado y la vía pública
Las caravanas que ahora se marchan permanecieron en su sitio durante semanas porque estaban en un suelo considerado vía pública, un supuesto que no quedaba cubierto por la orden judicial dictada para la finca privada del 21 de abril. Esa frontera administrativa, apenas una línea sobre el plano, permitió que una veintena de vehículos siguiera en el lugar a la vista del hospital de Can Misses y del centro escolar.
El perfil de quienes habitaban estas unidades es similar al de los trabajadores que vivían en otros asentamientos de la isla y que han pedido al Ayuntamiento alternativas habitacionales ante la imposibilidad de pagar un alquiler convencional en plena temporada.
Una grúa retira los vehículos vacíos
Desde primera hora, una grúa contratada por el Ayuntamiento de Ibiza retira las caravanas que han quedado desocupadas. El operativo combina la salida voluntaria de los inquilinos con la retirada material de las unidades abandonadas, que serán llevadas al desguace.
