El Ayuntamiento de Santa Eulària ha detectado 31 infracciones durante una campaña de control de perros desarrollada en seis núcleos del municipio, según informó el propio consistorio en una nota de prensa. Las denuncias, formuladas por dos agentes de la Policía Local junto a un técnico de Medio Ambiente, incluyen casos de animales sueltos, perros no inscritos en el censo de ADN canino e incumplimientos con perros potencialmente peligrosos (PPP).
Tres días de inspecciones en seis núcleos
Los controles se prolongaron durante tres jornadas y se centraron en cascos urbanos, paseos, zonas verdes, jardines y otros espacios públicos. Las inspecciones se desplegaron por Puig d’en Valls, Siesta, s’Argamassa, Jesús, Santa Eulària y Es Canar, según el desglose facilitado por el Ayuntamiento.
Los agentes verificaron que los animales circulasen atados allí donde lo exige la ordenanza y que no accediesen a parques infantiles, jardines, áreas de juego o playas fuera de los periodos autorizados. También vigilaron que los propietarios recogieran las deposiciones y limpiaran los orines con agua o productos adecuados, una obligación que requiere llevar consigo una botella o recipiente para ese fin.
Quince denuncias por el censo de ADN
El grueso de las sanciones se concentra en la falta de inscripción de los animales en el registro municipal de ADN canino: quince denuncias, casi la mitad del total. A esa cifra se suman ocho por no portar el recipiente con agua exigido para limpiar los orines en la vía pública y cuatro por llevar al animal suelto fuera de las zonas autorizadas.
En el apartado de perros potencialmente peligrosos se levantaron otras cuatro actas: dos por circular sin bozal y dos más por encontrarse sueltos, una infracción especialmente sensible por el riesgo que entraña este tipo de razas.
Multas que pueden superar los 2.000 euros
El cuadro sancionador municipal contempla penalizaciones de hasta 300 euros por no recoger deposiciones o no limpiar los orines, 200 euros por la falta de inscripción en el censo de ADN canino y 100 euros por acceder con el animal a zonas prohibidas o playas fuera de temporada.
El tramo más severo recae sobre los propietarios de PPP. Los incumplimientos relacionados con el bozal o la licencia administrativa pueden superar los 2.000 euros en función de la gravedad de los hechos y de la normativa específica aplicable.
Manchas en fachadas y mobiliario urbano
La campaña responde, según explica el Ayuntamiento, al aumento detectado de manchas y deterioros provocados por los orines en fachadas, mobiliario urbano, bolardos, farolas y pavimentos. El consistorio advierte de que el problema va más allá del impacto visual: genera malos olores, riesgos para la salubridad y un desgaste acelerado de los materiales.
Para reforzar las tareas de baldeo, el Programa 2026 del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria ha incrementado la partida destinada a hidrolimpieza y tratamiento de manchas. Pese a ese refuerzo presupuestario, el Ayuntamiento sostiene que el repunte de incidencias obliga también a intensificar la vigilancia.
La campaña se repetirá de forma aleatoria
El consistorio ha avanzado que estas inspecciones se repetirán de forma aleatoria a lo largo del año, sin previo aviso, con la voluntad de consolidar la disciplina cívica entre los propietarios. La iniciativa se enmarca en el desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre Tenencia, Protección y Bienestar Animal, que regula desde el uso de la correa hasta la obligación del censo de ADN canino, un instrumento al que el municipio confía buena parte del control de la tenencia responsable de perros en Santa Eulària.
